Rafael Ruiz Hidalgo, uno de los integrantes de la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ), habría omitido una sentencia por prevaricato cuando postuló al cargo ante la comisión especial que designa a los magistrados.
Luego de que se conociera que el abogado Rafael Manuel Ruiz Hidalgo fue nombrado como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) pese a tener una sentencia por prevaricato en su contra, el constitucionalista Alejandro Rospigliosi, quien sustentará la vacancia contra Ruiz Hidalgo, precisó que parte de la responsabilidad recae en la comisión seleccionadora, conformada por las cabezas de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Contraloría y rectores de universidades públicas y privadas.
"La Junta Nacional de Justicia es un organismo muy importante. Es el es el head hunter, el encargado de cazar a los mejores ciudadanos, abogados, para que se tengan el alto honor de ser jueces y fiscales, impartir justicia a lo largo y ancho del país", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"El señor Rafael Manuel Ruiz Hidalgo ha sido nombrado por esta comisión como miembro nombrado la Junta Nacional de Justicia y él ha violado el artículo 11 de la ley orgánica de esta institución. Porque él tenía una sentencia penal por un delito contra la administración de justicia, por prevaricato. Y lo escondió, lo ocultó, la base de datos no detectó, no hubo controles de calidad y está casi tres meses en el cargo con un rol que no le corresponde", manifestó.
"No solamente hay una falta de de honestidad de este señor cuando fue candidato, sino también de la comisión encargada de seleccionarlos (el defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, la presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República, uno elegido por los rectores de universidades públicas y uno por universidades privadas", agregó.
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"¿Cómo es posible que el encargado de nombrar jueces y fiscales sea una persona sentenciada?"
En otro momento, Rospigliosi consideró que se trata de un hecho gravísimo y cuestionó que un funcionario encargado de nombrar jueces y fiscales sea una persona sentenciada justamente por prevaricato (un delito que se comete cuando un juez o fiscal emite una resolución o dictamen que va en contra de la ley).
"Esto es gravísimo porque todas las sentencias deben estar registradas en esta base de datos del Poder Judicial. Pero cuando las la comisión, mediante una secretaría técnica, pidió informe a las diferentes instituciones sobre el tema patrimonial y una serie de los antecedentes de los postulantes, nunca apareció la sentencia de este señor", mencionó.
"¿Cómo es posible que el encargado de nombrar jueces y fiscales en el país sea una persona sentenciada por incumplir su deber de impartir justicia cuando fue juez suplente?", finalizó.
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