Análisis | ¿Es constitucional la intervención del presidente Martín Vizcarra para resolver la crisis de la Fiscalía?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, presentó este miércoles un proyecto de ley que propone declarar en emergencia al Ministerio Público hasta una nueva elección de su Junta de Fiscales Supremos Titulares. Uno de los objetivos de la propuesta es suspender al actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien en los últimos días ha sido especial centro de críticas por remover a vísperas del Año Nuevo a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez de la investigación Lava Jato.

Antes de que la iniciativa del Ejecutivo llegara al Congreso, los fiscales Frank Almanza y Marcial Páucar -designados por Chávarry como reemplazantes de Vela y Pérez- informaron a la prensa que “declinarán” el encargo debido a que el proyecto “limitaría la autonomía e independencia” de la institución. Horas después, los fiscales cesados impugnaron la resolución que los aparta del Equipo Especial.

En medio de esta coyuntura, Chávarry emitió una resolución que repone en sus cargos a los magistrados Vela y Pérez. Pero el haber retrocedido no elimina el proyecto de ley de Vizcarra. Especialistas consultados por RPP Noticias coinciden en que la intervención del Gobierno sigue una vía constitucional y que, además, está justificada por la crisis de la Fiscalía.

El Ejecutivo sí puede intervenir

“Es cierto que todos los poderes del Estado y los órganos constitucionalmente autónomos son, en principio, independientes en el ejercicio de sus funciones. No obstante, el diseño de la Constitución peruana prevé ciertos mecanismos de control de un órgano hacia el otro, tal y como sucede cuando el Congreso interviene al Ejecutivo con mociones de censura o vacancia, por ejemplo. No hay nada que en este caso sea constitucional o legalmente inadecuado. El problema vendría si este tipo de propuesta no tuviera una justificación o se impusiera arbitrariamente”, explica la abogada constitucionalista Gabriela Oporto Patroni. 

Para el exprocurador anticorrupción César Azabache Caracciolo, la iniciativa tiene respaldo legal y político. “Hay que entenderlo también en términos políticos. Es una acción inmediata a un movimiento que ha sido sumamente perverso en el Ministerio Público. No necesariamente vale en su contenido, sino por el enorme reclamo de que el Congreso instale de inmediato un debate que tenga por objeto neutralizar la capacidad de influencia que el señor Chávarry está desplegando”, opinó el penalista.

Revisión de todas las opciones

La abogada e investigadora del Instituto de Defensa Legal, Cruz Silva del Carpio, señala  que esta iniciativa debe promover la mejor fórmula para despejar la crisis del Ministerio Público. De aprobarse el proyecto, advierte que el criterio de selección del nuevo fiscal de la Nación transitorio debe garantizar la máxima transparencia.

“No puede suceder lo mismo que ocurrió con Chávarry [cuando su nombramiento se dio en medio de revelaciones de posibles nexos con la corrupción]. Es necesario que -si el fiscal de la Nación nuevo, transitorio y provisional, va a estar entre estos fiscales adjuntos supremos- haya un procedimiento de elección que descarte conflictos de interés y reconozca méritos de manera transparente. Ahí no puede imperar el criterio de ‘quién es el fiscal supremo más antiguo’ o de ‘quién se merece el puesto solo por su larga trayectoria’”, dice Silva.

En declaraciones al programa Ampliación de Noticias, el también exprocurador José Ugaz Sánchez-Moreno opinó que para evitar mayor revuelo, el Congreso debería proceder con la destitución de Chávarry. “Para evitar una decisión constitucionalmente polémica como la del proyecto de ley que, por cierto, en sustancia está totalmente justificada porque hay una situación de emergencia que requiere soluciones, el Congreso de la República puede destrabar las cuatro denuncias [presentadas contra Chávarry ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales], proceder inmediatamente a revisarlas y, si existen los elementos, destituir al fiscal de la Nación”.

En ese sentido, los expertos señalan que el proyecto de ley debe tomarse como un llamado a evaluar todas las opciones de reestructuración del Ministerio Público. “El resultado final para reconducir esto en términos claros y constitucionales no pasa necesariamente por votar a favor o en contra [de la ley]. Pasa por discutir esta y algunas otras alternativas para atender el problema”, precisó Azabache.

Comisión Especial de la JNJ en suspenso

La decisión que se tome sobre la reorganización del Ministerio Público afecta de manera indirecta a la estructura de la futura Junta Nacional de Justicia (JNJ), que es el organismo reemplazante del ya extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Tal y como se aprobó tras el Referéndum Nacional 2018, la JNJ deberá estar conformada por siete miembros a elección de una Comisión Especial. Este último grupo estará integrado, a su vez, por los representantes de los principales poderes de la Administración de Justicia, incluido el fiscal de la Nación. 

La abogada Cruz Silva destaca el conflicto que puede generar en la JNJ la falta de idoneidad dentro de la jefatura del Ministerio Público. "No es posible, entre otras cosas, que las autoridades solo por estar en el cargo de autoridad pasen inmediatamente a integrar una Comisión que vaya a elegir jueces y fiscales. Esas autoridades deben tener una conducta ética irreprochable e idónea, previa evaluación. Si no lo es, debería ingresar en ese cupo el encargado más antiguo o el que lleva la encargatura interna, si el fiscal de la Nación no puede asumir. Aquí la situación es grave porque se tiene a un fiscal de la Nación que va a elegir a quienes luego lo van a evaluar. Esa es una observación de base a la fórmula que, lamentablemente, ya quedó de la JNJ".