Según la acusación fiscal, la congresista Heidy Juárez habría abusado de su cargo para que los trabajadores de su despacho entreguen parte de sus remuneraciones.
La Sala Penal de la Corte Suprema evaluará el martes, 19 de noviembre, si confirma la autorización para levantar el secreto bancario de la congresista Heidy Juárez, quien es investigada por el Ministerio Público por presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho congresal.
En una audiencia virtual, que se realizará desde las 9:00 a.m., la sala revisará el recurso de apelación que presentó la legisladora para revocar la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el 19 de enero pasado, en la que ordenó la ejecución de dicha medida a pedido del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía.
El tribunal supremo también evaluará ese día el recurso de apelación que presento Miguel Ángel Chafloque Domínguez, asesor de dicha parlamentaria, para que se revoque el extremo de la resolución de Checkley Soria en la que también autoriza levantar su secreto bancario por este caso.
El colegiado, presidido por el juez supremo César San Martín, también analizará ese día los argumentos de los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado, a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.
A inicios de marzo, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la parlamentaria Heidy Juárez ante el Congreso, por el presunto delito de concusión a raíz de este caso.
La defensa legal de Juárez sostiene en su recurso de apelación que la audiencia en la que se evaluó el pedido fiscal de levantamiento del secreto bancario de su patrocinada se realizó luego de que el plazo máximo de investigación preliminar había culminado.
También alega que no se emitió pronunciamiento en relación con las alegaciones de improcedencia que presentaron, se advirtió la ausencia de elementos de convicción (pruebas), y que los testimoniales ofrecidos por la Fiscalía resultan contradictorios, lo que le resta credibilidad a la imputación fiscal.
Por ende, la defensa aduce que no existen elementos de corroboración y que el magistrado Juan Carlos Checkley no efectuó un análisis de proporcionalidad de la medida.
La resolución apelada
El magistrado Checkley declaró fundado “en parte” el requerimiento del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación para que se levante el secreto bancario de Juárez y de su asesor, Miguel Ángel Chafloque Domínguez, al ser investigados por el presunto delito de concusión por este caso .
El magistrado precisó que el levantamiento del secreto bancario de estos investigados corresponderá al periodo comprendido desde el 1 de enero al 30 de setiembre del 2022.
Checkley Soria concluyó que la medida requerida por la Fiscalía es idónea, necesaria y proporcional, ya que permitirá recibir información sobre operaciones financieras y bancarias, lo que contribuirá a determinar la existencia o no de movimientos o transferencias de dinero, entre los implicados; a fin de establecer la existencia o no del delito investigado.
Por ello, el magistrado ordenó que las entidades bancarias reporten el número total de las transferencias, depósitos o cualquier otra operación bancaria que se hubiera realizado en las cuentas activas y pasivas de los investigados.
Según la hipótesis fiscal, Heidy Juárez habría abusado de su cargo como congresista y presidenta de la Comisión Especial encargada del seguimiento y formular propuestas de mitigación y adaptación del Cambio Climático, induciendo a su asesor Miguel Ángel Chafloque Domínguez para que los trabajadores de su despacho congresal y de la aludida comisión entreguen parte de sus remuneraciones en beneficio de la citada parlamentaria.
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