por Redacción RPP
·El abogado Luis Lamas Puccio señaló que hay pruebas directas e indirectas en contra del expresidente Pedro Castillo, entre ellas el mensaje público con el que pretendió cerrar el Congreso.
¿La misma suerte que Martín Vizcarra? Al expresidente Pedro Castillo le espera una “sentencia condenatoria” por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, estimó esta mañana el abogado Luis Lamas Puccio, a poco de la lectura de sentencia en la que se definirá el destino judicial del profesor chotano.
En el programa La Rotativa del Aire, el letrado detalló que se debe tomar en cuenta la existencia de las pruebas directas e indirectas en el caso que se le sigue a Castillo Terrones por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Lamas Puccio explicó que las pruebas – entre declaraciones de testigos, documentos y videos – se han presentado a lo largo del juicio oral. Además, enfatizó que Pedro Castillo ordenó, a través de la señal de TV Perú, el cierre arbitrario del Congreso y la reorganización del sistema de administración de justicia.
“Todos los ciudadanos pudimos ver en la televisión y en los medios de comunicación lo que implicaba el discurso de una persona, en condición de presidente, que tomaba la decisión de cerrar una serie de instituciones que son fundamentales para la democracia”, declaró.
“Una primera apreciación de los hechos a simple vista, más allá del análisis meramente dogmático, jurídico, interpretativo, en materia de tipicidad, yo creo que están dadas las condiciones para una sentencia condenatoria…”, agregó.
“Ha habido la tentativa” de un golpe de Estado, dice Lamas Puccio
Consultado por el argumento de que el golpe de Estado no se concretó, el jurista respondió que el intento de irrumpir en el sistema democrático fue un “grado de tentativa”.
“Lo real es que sí ha habido la tentativa. Y este es un delito de mera actividad, no es un delito de resultado. Es decir, no tenía que esperarse que se concretizara el golpe de Estado para poder hablar de que efectivamente se cometió el delito de rebelión [sic]”, indicó.
Finalmente, el especialista aseveró que dependerá del juzgado si acoge los 34 años de prisión que el Ministerio Público solicita para este caso. “Eso ya es un tema de ponderación y de racionalidad”, apuntó.
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