Stefano Miranda, abogado especialista en legislación policial, señaló que Víctor Zanabria tiene que cumplir el mandato judicial de sus suspensión por 18 meses y que, de presentar algún recurso contra la disposición, debería hacerlo fuera del cargo.
El Poder Judicial ordenó ayer, viernes, suspender por 18 meses a Víctor Zanabria Angulo del cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esto tras declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público, en el marco de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad, en el caso 'Policías albañiles'.
En ese sentido, Zanabria Angulo debería, en las próximas horas, dejar el máximo cargo que ocupa en la institución policial y como jefe del Comando de Operaciones Policiales.
Ante esta situación, Stefano Miranda, abogado especialista en legislación policial, en diálogo con RPP, sostuvo que la normativa competente indica que Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, debería asumir el máximo cargo de la Policía, de manera interina.
"En un estado de derecho, las sentencias judiciales o las resoluciones judiciales son de cumplimiento de manera inapelable. Esto significa que el comandante general tiene que cumplir el mandato judicial [...] La norma establece que, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tienen que cumplirla. Fuera del carácter político y decisivo, el comandante general tiene que acatar esta resolución judicial. Nos guste o no nos guste", indicó.
"El Decreto Legislativo 1149 establece que, de manera interina, quien asume es el jefe del Estado Mayor, que es el general PNP Óscar Arriola", resaltó.
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"Es un mandato judicial y él tiene que acatar"
Asimismo, Miranda indicó que Zanabria Angulo, "como todo ciudadano", puede ejercer su derecho a apelar la decisión judicial para que "la sala pueda revisar si esa resolución judicial de suspensión cumple o no los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal", pero debe hacerlo fuera del cargo.
"Yo creo que el comandante general debe dar el ejemplo como funcionario encargado de hacer cumplir la ley y debe acatar, le guste o no, este mandato judicial. Es la oportunidad que tiene el comandante general de demostrar que él es cumplidor de lo que manda la ley", sostuvo.
"Por eso vuelvo a repetir, nos guste o no, y ojalá que no pase por este síndrome que él considere que esta resolución es injusta y, por lo tanto, requiera que [se] agote la vía y que la sala confirme. Me parece que sería un mal precedente para un estado de derecho como el que se vive", agregó.
El especialista remarcó que la suspensión judicial "no es una sanción penal ni administrativa", sino "una medida preventiva, donde se discuten requisitos".
"Yo tengo, por ejemplo, una premisa: el comandante general, en dos años que ha estado en el cargo, ¿qué elementos de convicción demostrarían este peligro procesal, ese riesgo de obstaculización? Peor aún, estando a 11 días de cesar en su cargo, porque en 11 días él pasa a la situación de adaptación a la vida civil", apuntó.
"Ojalá que el comandante general no pase por ese sindroma y que cumpla este mandato judicial. Porque, como lo vuelvo a decir, nos guste o no, es un mandato judicial, y él tiene que acatar porque se ha llevado una audiencia, él ha tenido el derecho a la defensa, su abogado ha participado; y el juez ha declarado fundada la petición fiscal. Por lo tanto, es un mandato judicial que puede ser apelado, pero él tiene que cumplirlo de manera inmediata. La norma policial establece que quien debe continuar es el teniente general Oscar Arriola", puntualizó.