La Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo halló responsable del delito de conspiración para rebelión, por lo que el exmandatario permanecerá recluido en el penal de Barbadillo. La misma pena se impuso para Betssy Chávez y Willy Huerta, mientras que Aníbal Torres fue condenado a 6 años y 6 meses.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el fallido golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre de 2022.
Durante la lectura de sentencia, el tribunal colegiado validó la tesis del Ministerio Público, encabezado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, y determinó que sí hubo responsabilidad penal por parte del exmandatario en el quiebre del orden constitucional al intentar disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia.
El fallo dispone que el expresidente continúe cumpliendo su condena en el Penal de Barbadillo, donde permanecía recluido con una orden de prisión preventiva desde su detención en flagrancia.
Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta también fueron condenados
En el caso de la extitular de la PCM Betssy Chávez, fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por su participación como coautora en el delito de conspiración para rebelión y se ordenó su inmediata búsqueda y captura.
Para el exministro del Interior Willy Huerta se le aplicó también la pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, mientras que para Aníbal Torres se ordenó 6 años y 6 meses. No obstante, para ambos se consideró la suspensión de la ejecución de la pena hasta que se ratifique en una instancia superior en caso presenten apelación.
¿Qué pasó el 7 de diciembre de 2022?
Como se recuerda, el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo ofreció un mensaje a la Nación, transmitido en señal abierta, donde ordenaba la "disolución temporal" del Congreso y la instauración de un "gobierno de excepción", órdenes que no fueron acatadas por las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional.
Al respecto, la acusación fiscal sostuvo que Pedro Castillo no actuó solo y que planificó el cierre del Parlamento al verse acorralado por una inminente vacancia presidencial y diversas investigaciones penales en su contra.
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