Sobre el expresidente, Pedro Castillo, también pesa otro mandato de prisión preventiva en una investigación preparatoria que afronta por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
El expresidente, Pedro Castillo, insistió en su pedido ante el Poder Judicial para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva que se le impuso por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
El exmandatario presentó un recurso de apelación contra la resolución que emitió el juez supremo provisional, Edhin Campos Barranzuela, el último 17 de setiembre, en la que declaró infundado su pedido, en primera instancia, y resolvió que se mantenga "vigente" el mandato de prisión preventiva que se le impuso dentro del proceso penal que afronta por este caso.
La defensa legal del exjefe de Estado demanda que la siguiente instancia suprema revoque la resolución apelada y reformándola se declare el cese de la prisión preventiva y la prolongación de dicha medida restrictiva que se impuso a su patrocinado en este caso, y como pretensión subsidiaria, se declare la nulidad de la resolución impugnada y se ordene realizar una nueva audiencia para que su pedido sea evaluado por otro juez supremo.
Ante ello, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley resolvió el último 30 de setiembre, "conceder" este recurso de apelación y remitirlo a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que si lo admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.
El Ministerio Público pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo a raíz de su fallido golpe de Estado.
Asimismo, sobre el exmandatario también pesa otro mandato de prisión preventiva en una investigación preparatoria que afronta por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.