El Poder Judicial evaluará el martes 13 de mayo si ordena o no reabrir la investigación preliminar que afrontó la presidenta Dina Boluarte en la Fiscalía por el presunto delito de genocidio a raíz de las muertes de personas registradas durante las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
El Poder Judicial evaluará el martes 13 de mayo si ordena o no reabrir la investigación preliminar que afrontó la presidenta Dina Boluarte en el Ministerio Público por el presunto delito de genocidio a raíz de las muertes de personas registradas durante las manifestaciones sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
En una audiencia virtual a realizarse desde las 8:30 de la mañana, el juez supremo Juan Checkley analizará el recurso de tutela de derechos que presentó la defensa legal de Magno Sánchez Huaynacari en representación de Nixon Sánchez Huaynacari, quien perdió la vida durante estas manifestaciones, con las que busca anular la disposición emitida por la Fiscalía de la Nación en julio del 2024 en la que se determinó el archivo de la investigación preliminar seguida a la mandataria por el presunto delito de genocidio en agravio del sociedad.
En dicha tutela de derechos se alega que al emitirse la disposición fiscal número 19 “se recortó el derecho de recurrir las disposiciones fiscales de uno de los operadores de la investigación: uno de los agraviados y por haber faltado a las obligaciones constitucionales de defender la legalidad no solo en la aplicación de los derechos sino en garantizar el debido proceso, bajo sanción de nulidad por lo que se demanda que se ordene la continuación de la investigación, al amparo del artículo 71, numeral 2, literal c, del Código Procesal Penal".
Si bien el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, dispuso el archivo de la investigación preliminar seguida a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio, el magistrado sí presentó el 30 de julio del 2024 una denuncia constitucional contra la mandataria y un grupo de sus exministros ante el Congreso de la República por la muerte de más de 40 personas durante estas manifestaciones sociales.
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