El Poder Judicial incorporó a la Procuraduría General del Estado como "actor civil" o "parte agraviada" en la investigación preparatoria seguida al exministro de Defensa, Walter Ayala, por una presunta injerencia en el proceso de ascensos de oficiales en el Ejército durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.
La Procuraduría General del Estado podrá solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil a favor de nuestro país que se le pueda imponer al exministro de Defensa, Walter Ayala, de ser hallado culpable de los cargos que le atribuye la Fiscalía por una presunta injerencia en el proceso de ascenso de oficiales en el Ejército en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo.
Esto debido a que el juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, declaró "fundada" la solicitud que hizo la defensa legal del estado peruano, el último 5 de setiembre, para constituirse como "actor civil" o "parte agraviada" dentro de la investigación preparatoria que afronta el extitular de Defensa por este caso.
Mediante una resolución emitida el último 21 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que la solicitud presentada por la Procuraduría General del Estado cumplió los requisitos establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal para ser admitida.
Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇
Bajo este criterio, el juez supremo provisional, Checkley Soria, declaró "infundada" la oposición formulada por el extitular de Defensa contra la solicitud de constitución en actor civil presentada por la Procuraduría General del Estado al cuestionar la legitimidad de dicha institución para hacer este pedido. Ello debido a que, en su opinión, debió hacerlo el Ejército o el Ministerio de Defensa.
La Procuraduría General del Estado incluyó dentro de su solicitud de constitución en actor civil una propuesta inicial en la que solicita un monto provisional de 200 mil soles como reparación civil a favor del estado peruano por daño a la imagen (100 mil soles) y por daño a la institucionalidad (100 mil soles) en este caso.