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por Julio Cisneros
·El dictamen de prisión preventiva forma parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.
El Poder Judicial rechazó el pedido del prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, para anular el mandato de prisión preventiva por 24 meses que se dictó en su contra en la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre.
El juez constitucional de Lima, Juan Torres, declaró improcedente una demanda de habeas corpus que interpuso Cerrón Rojas, a través de su defensa legal, para que se declare la nulidad de la resolución que emitió el juez Leodan Cristóbal Ayala, el último 3 de junio, en la que declaró infundada la solicitud que hizo para que se varie dicho mandato de prisión preventiva que pesa en su contra por otra medida menos gravosa (comparecencia) y se declare también la nulidad de la resolución que emitió la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, el 4 de julio último, en la que rechazó su recurso de apelación y confirmó la referida decisión judicial.
La defensa legal de Vladimir Cerrón alega un supuesto atentado contra la libertad individual de su patrocinado tras desestimarse en dos oportunidades su pedido de variación de prisión preventiva por comparecencia.
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No obstante, el juez Juan Torres determinó en su resolución emitida el 18 de setiembre, a la que tuvo acceso RPP, que en este caso no se evidencia que se hayan afectado los derechos constitucionales referidos al debido proceso en su vertiente de la debida motivación de resoluciones.
“Habiéndose resuelto la situación jurídica del beneficiario y atendido los pedidos efectuados por la defensa del mismo, y al ser una facultad inherente al juez penal la evaluación del caso en concreto, no pudiendo la justicia constitucional alterarlo o impedirlo, puesto que ello constituiría una intromisión al proceso penal instaurado”, precisa el magistrado en su resolución.
El juez juan Torres precisa que bajo estas circunstancias no procede una demanda de habeas corpus “cuando –los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.
Este es el último mandato de prisión preventiva que pesa sobre el líder de Perú Libre, quien permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre del 2023 a raíz de la condena de tres años y 6 meses de prisión que se dictó en su contra por el delito de colusión simple a raíz del caso “Aeródromo Wanka”, sentencia que ,el último 26 de marzo, fue revocada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y lo absolvió en este proceso penal.
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