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por Julio Cisneros
·Víctor Zamora es investigado por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. En diciembre pasado, el Congreso lo inhabilitó por 10 años para el ejercicio de la función pública por las supuestas irregularidades en la conducción de una adecuada política nacional de salud en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
El Poder Judicial aprobó el inició de una investigación preparatoria contra el exministro de Salud, Víctor Zamora, como presunto autor del delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales en agravio del Estado.
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó esta medida luego que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, le comunicara su disposición de formalizar esta investigación preparatoria contra el extitular de la cartera de Salud por un plazo de 120 días.
Según la tesis fiscal, durante su gestión al frente del Ministerio de Salud (Minsa), Víctor Zamora habría adquirido pruebas rápidas y no pruebas moleculares, lo cual provocó la ruptura del cerco epidemiológico de aislamiento declarado a causa de la pandemia por la COVID-19 y además habría demorado en emitir una disposición (decreto supremo), para el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93 %, situación que, de haberse emitido con anterioridad, habría permitido que más personas enfermas accedan a este oxígeno medicinal.
Checkley Soria dispuso notificar su resolución a la Fiscalía de la Nación, la Procuraduría General del Estado y a la defensa legal del investigado.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, formalizó esta investigación preparatoria en atención a una resolución legislativa del Congreso de la República del 13 de diciembre del 2024, a través del cual el pleno del Poder Legislativo aprobó el informe final de la denuncia constitucional que se presentó contra el extitular del Ministerio de Salud durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra por este caso.
La representación nacional también dispuso la inhabilitación de Víctor Zamora por 10 años para el ejercicio de la función pública, por supuesta infracción a la Constitución Política.
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