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por Julio Cisneros
·En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará la apelación que presentó el exmandatario. La defensa legal de Pedro Castillo sostuvo que los hechos que se le imputan a su patrocinado no constituyen delito.
La suerte del expresidente Pedro Castillo quedó en poder de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que el lunes 22 de enero evaluará si ordena archivar el proceso penal que se le sigue por el fallido golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre del 2022.
En una audiencia virtual a realizarse desde las 9:00 a. m., el tribunal supremo analizará la apelación que presentó el exmandatario para que se revoque la resolución que emitió el magistrado Juan Carlos Checkley el pasado 23 de junio en la que rechazó el recurso de excepción de improcedencia de acción que interpuso para que se archive este proceso penal.
La instancia judicial, presidida por el juez supremo César San Martín, escuchará ese día al exmandatario, así como a los representantes legales de las partes involucradas, para emitir un veredicto definitivo.
La defensa legal del exmandatario sostuvo en su recurso que los hechos que se le imputan a su patrocinado no constituyen delito, por lo que se debe disponer el archivo definitivo de la causa.
Ministerio Público pidió 34 años de prisión
No obstante, Juan Carlos Checkley concluyó que los hechos por los cuales la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria contra el exmandatario por presunta rebelión, y alternativamente por el cargo de conspiración, “si constituyen delito” y si el alzamiento de armas efectivamente se produjo deberá ser determinado en el estadio procesal pertinente tras la valoración probatoria correspondiente.
Sobre el argumento de la defensa legal de Pedro Castillo respecto a que no correspondería procesarlo penalmente por este caso ya que fue sancionado políticamente por el Congreso de la República que lo despojo de su investidura presidencial, el juez precisó que no nos encontramos ante un juicio de naturaleza política o parlamentaria, sino ante un procesamiento judicial en razón de una imputación de naturaleza penal por la presunta comisión de diversos delitos, por lo que la vacancia presidencial que determinó el Parlamento Nacional no lo exime de responsabilidad penal.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió que el expresidente Pedro Castillo, que cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, sea condenado a 34 años de prisión al acusarlo de los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
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Julio Cisneros Periodista
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