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por Julio Cisneros
·La Fiscalía pide 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público, al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.
El Poder Judicial instaló la mañana de este martes la mesa para dar inicio al juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre del 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que la audiencia de instalación se lleve a cabo de manera “presencial” desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en la sala de audiencias del establecimiento penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, donde el exmandatario se encuentra recluido.
El tribunal supremo dispuso que las audiencias del juicio oral se realicen tres veces por semana (martes, jueves y viernes), inicialmente en forma presencial, en el mismo horario.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha pedido 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público, al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad.
Desde más temprano, un grupo de seguidores de Castillo llegó a los exteriores del penal de Barbadilla, para expresar su apoyo al exmandatario y rechazar su encarcelamiento y las acusaciones en su contra. Algunos intentaron ingresar a la fuerza a la sala donde se realizaría la audiencia pero fueron impedidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), en medio de algunas escaramuzas.
Además de Castillo, hay otros seis procesados más por este caso; Betssy Chávez, quien era la presidenta del Consejo de Ministros en el momento del intento de autogolpe; Willy Huerta Olivas, quien era ministro del Interior, y Aníbal Torres Vásquez, ex primer ministro y que ocupaba el cargo de asesor.
Los otros tres acusados son tres exoficiales de la Policía Nacional: Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, quienes también están señalados de ser coautores del delito de rebelión.
La sesión está cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, que preside el juez supremo José Neyra Flores, e integran el magistrado Iván Guerrero López y la jueza Norma Carbajal Chávez. pic.twitter.com/IkFHqLudHv
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 4, 2025
Los otros involucrados
La instancia fiscal también solicitó 25 años de prisión contra los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, así como para los exjefes policiales Manuel Lozada Justo Venero y Eder Infanzón y también 15 años de cárcel contra el exasesor Aníbal Torres. Además de la inhabilitación de todos ellos por 2 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlos como coautores del presunto delito de rebelión.
En tanto, la Procuraduría General del Estado pidió que el exmandatario Pedro Castillo y sus coacusados paguen, en forma solidaria, la suma de 65 419 038 soles como reparación civil a favor del Estado a raíz de este caso.
Un total de 65 personas deberán rendir su declaración en calidad de “testigos” dentro del juicio oral, entre los cuales se encuentran los exministros Emilio Bobbio, Félix Chero, César Landa, Alejandro Salas; los congresistas Martha Moyano, Heidi Juárez, Vivían Olivos, Adriana Tudela, Diego Bazán; el exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza; los excomandantes generales de la Policía Nacional, Jorge Angulo y Raúl Alfaro, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, etc.
También deberán participar tres peritos presentados por el Ministerio Público y los acusados y se someterá a debate diversa documentación relacionada con el caso.
El expresidente Pedro Castillo y la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, cumple mandato de prisión preventiva en los penales de Barbadillo en Ate y Anexo de Mujeres de Chorrillos, mientras que los demás implicados se encuentran bajo mandato de comparecencia con restricciones dentro de este proceso penal.
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Julio Cisneros Periodista
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