Gobierno colombiano investigará a influencer por promocionar el dióxido de cloro como cura de la COVID-19

El gobierno colombiano ha ordenado a una conocida influenciadora de su país cesar con la promoción del dióxido de cloro como "tratamiento para la prevención y la cura de la COVID-19" e iniciará una investigación en su contra.

A través de sus redes sociales, la Superintendencia de Industra y Comercio ordenó a la modelo DJ Natalia Gaviria, con más de 1.6 millones de seguidores en Instagram y un casi un millón en Twitter, retirar sus comentarios en los que invitaba a las personas a consumir este producto.

Además de esta ordenanza, el ente ha iniciado una investigación contra la mujer de 47 años, la cual deberá consignar la información con respaldo científico en la que “se sustenten las bondades atribuidas al producto”.

De no cumplir, la multa se elevará hasta mil salarios mínimos colombianos: unos 280 mil dólares al cambio. Sin embargo, “de encontrarse conductas que violen los derechos de los consumidores”, el monto ascendería hasta los dos mil salarios o unos 560 mil dólares.

La Superintendencia también “invita a las personas a cuidar su salud y desconfiar de las publicaciones que ofrecen productos como soluciones milagrosas para evitar el contagio del virus o contrarrestar sus efectos, pues, al margen de las vacunas aprobadas hasta el momento y de las medidas de bioseguridad que recomienda el Gobierno Nacional, no existe información científica avalada por una autoridad en salud, que acredite la existencia de algún producto capaz curar la COVID-19”.

Citando a una alerta sanitaria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se mencionaron los efectos secundarios de tomar dióxido de cloro:

• Insuficiencia respiratoria.
• Cambios en la actividad eléctrica del corazón. Baja presión sanguínea causada por la deshidratación.
• Insuficiencia hepática aguda.
• Recuento bajo de células sanguíneas.
• Vómito y diarrea severa.

¿Qué dijo?

Natalia Paris inició esta polémica después de colgar un video en la que aparece en una embarcación en el mar celebrando con amigos. Al ser cuestionada por sus seguidores, ella respondió: “Tomen dióxido de cloro, en Perú se salvaron muchos pacientes y clientes”.

"Todos tomamos dióxido de cloro. Nadie se enferma. Es el remedio que te salva de vacunarte", afirmó y procedió a etiquetar a una empresa que lo vende.

¿El gobierno puede legislar sobre sus redes sociales?

La influencer está siendo investigada bajo la Ley de Protección al Consumidor, pero no se descarta además otra por publicidad engañosa. Por el momento, ella, como figura pública, está siendo sometida a escrutinio, pero el fabricante y el distribuidor de la sustancia no.

La SIC, en su papel símil como Indecopi en Perú, viene trabajando en una guía para influenciadores, en concordancia con entes internacionales. En ella, brindan recomendaciones en códigos de buena conducta alrededor de compartir información en redes sociales, cuenta Linda Patiño, periodista de tecnología y autora del libro "¿Qué diablos hacen los influencers?". En dicho manual, estaban involucradas las etiquetas de #publicidad o #ad, además cuidados con los productos que puedan tener efectos en los menores de edad. “Se buscaba autoregulación en su momento”.

Pese a ello, “las guías aún no tienen una definición específica sobre cuántos seguidores se debe tener para que alguien sea catalogado como influencer o no, dejando una puerta abierta al debate”.

“Me parece valioso que la entidad de protección al consumidor esté tratando de aplicar las leyes de protección al consumidor y publicidad engañosa en los entornos virtuales. Eso es una gran ganancia y una lucha a nivel global para entender que el engaño que hay en internet tiene consecuencias en el mundo análogo poniendo en riesgo la vida de las personas o, en caso menos grave, robarla estafarla o cometer algún otro tipo de fraude”, refiere.

Sin embargo, también considera que la no delimitación del número de seguidores puede dejar graves consecuencias como una posible censura que pueda adoptar el gobierno si es que no se define la cifra. "Sin eso, una entidad podría llegar a hacer control sobre el contenido que se sube a internet sin tener un criterio jurídico que diferencie al usuario común que se está expresando libremente en línea y que puede subir mentiras, porque, “nos guste o no, hace parte de la libertad de expresión” y su alcance no se convierta en un peligro masivo para los consumidores", señala.

Además, podría prestarse para “criminalizar y juzgar a la figura del influenciador no teniendo en consideración las demás partes detrás del negocio", como las agencias, los managers y las mismas empresas que producen estos objetos que buscan el fraude.

Para ella, “no es lo mismo comparar a un influenciador que saca un producto que ‘hace milagros’ a uno que tiene un contrato de publicidad en la que hay una empresa responsable por la difusión de ese mensaje”. "Es como si un medio de comunicación publicite por contrato un producto y se le juzgue por si este sale defectuoso".

Asimismo, afirma que “no se puede limitar el discurso de internet o se pretenda juzgar a todo usuario que llegue a decir algo en línea”.

Esta regulación está buscando el fraude en línea y el engaño a los consumidores, pero desconoce a otros factores como cuentas falsas, bots y publicidad en línea directa que también son usados para manipular elecciones y opiniones sobre políticas públicas a través de ideas y noticias falsas.

Milton Vela, director de la consultora en marketing en reputación online Café Taipa, asegura que la influencer “no tiene que ser la única responsable”, pero su gran cantidad de seguidores hace que tenga influencia y pueda generar un efecto contraproducente en ellas.

Asegura que incluso la modelo podría no haber tenido ningún beneficio económico, pero, si lo hubo, especialmente siendo un tema médico en tiempo de pandemia, “sí hay una responsabilidad, aunque no esté formalmente estipulado”.

Para él, puede haber detrás personas interesadas en promover estas supuestas curas, pero cuyo objetivo” no es más que el económico”, como los difusores de la ivermectina.

“Por post así o tuits así, se puede morir la gente”, puntualizó.

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