Un juez federal ordenó a ICE respetar restricciones en redadas migratorias dentro de 1 700 templos religiosos en EE.UU., tras una demanda contra la administración Trump.
Un juez federal en Maryland dictaminó parcialmente a favor de un grupo de organizaciones religiosas para restringir las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en lugares de culto. La decisión responde a una demanda presentada contra la administración de Donald Trump, que había eliminado una política de protección en ubicaciones sensibles, como iglesias, hospitales y escuelas.
El fallo, emitido por el juez Theodore David Chuang, obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a respetar las pautas establecidas para 1 700 sedes de los grupos religiosos demandantes en 37 estados. Estas reglas exigen aprobación de la sede central de ICE y minimizan el riesgo de que la presencia de agentes inhiba el acceso a los templos.
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Protección parcial y reacciones al fallo
A pesar del triunfo parcial para los demandantes, el juez Chuang no emitió una orden de alcance nacional. Esto significa que otras instituciones religiosas fuera de la demanda aún podrían estar sujetas a redadas. Sin embargo, el fallo marca un precedente importante en la defensa del derecho a la libre asociación y culto sin temor a la intervención migratoria.
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, organización legal que representó a los grupos religiosos, celebró la decisión. "Las instituciones religiosas no deberían tener que acudir a los tribunales para defender el derecho constitucional a la libre práctica del culto", declaró a medios estadounidenses.
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Otras demandas y el futuro de las redadas en templos
Paralelamente, otra demanda similar se encuentra en curso en el Tribunal del Distrito de Columbia. En este caso, 27 grupos religiosos buscan una protección similar, aunque sin solicitar una orden a nivel nacional.
Hasta antes de la revocación de la política, las ubicaciones sensibles protegidas incluían no solo templos, sino también hospitales, escuelas, funerales y otros eventos comunitarios. La lucha legal en torno a estas redadas continuará, ya que numerosos grupos religiosos siguen exigiendo protecciones más amplias para evitar que sus fieles sean blanco de acciones migratorias dentro de sus recintos sagrados.
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