El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó un fallo que ordena la liberación de acusados sin defensa legal en Oregón, generando una fuerte controversia en Estados Unidos.
La noticia proveniente del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos generó un gran impacto al confirmar un fallo que ordena la liberación de acusados que hayan estado presos en Oregón durante al menos siete días sin un abogado defensor.
Este fallo destaca una grave falla en el sistema de justicia del estado, donde, según el Departamento Judicial de Oregón, más de 3 200 acusados no contaban con abogado propio, de los cuales 146 estaban bajo custodia.
La crisis de la defensa pública
Durante años, Oregón ha fallado en proporcionar defensores públicos a los acusados penales, un derecho garantizado por la Constitución de EE.UU.
Este viernes, el tribunal federal describió el sistema de defensa pública de Oregón como una "pesadilla de la Sexta Enmienda".
Esta decisión ha polarizado a la opinión pública: algunos ciudadanos apoyan el fallo como una victoria para los derechos constitucionales, mientras otros temen las implicaciones de liberar a los acusados.
Opiniones divididas
Fidel Cassino-DuCloux, defensor público federal de Oregón, celebró la decisión, afirmando que da vida al derecho a un abogado de la Sexta Enmienda, el cual ha sido una promesa vacía para muchos habitantes de Oregón.
"Esperamos que las autoridades estatales presten atención a las instrucciones del Noveno Circuito y apliquen la decisión sin demora", agregó. Sin embargo, el juez de circuito John Owens subrayó la gravedad de la crisis de defensa pública en Oregón y la necesidad urgente de una solución estructural.
Por el contrario, el juez de circuito Patrick Bumatay criticó la orden judicial, calificándola como “imprudente y extrema”.
Bumatay argumentó que el Noveno Circuito "ahora es cómplice de una fuga judicial", resaltando la preocupación de que liberar a los acusados sin una revisión exhaustiva podría tener consecuencias negativas para la seguridad pública.
La búsqueda de soluciones
Según el Oficial de Protección del Buque (OPB), en marzo Oregón ya necesitaba 500 abogados más para cumplir con sus obligaciones. Este déficit ha aumentado, subrayando los problemas estructurales que los funcionarios estatales no han podido resolver, a pesar de buscar fondos adicionales.
En respuesta, el estado ha comenzado a contratar defensores públicos de nivel procesal como empleados estatales, intentando abordar la crisis y cumplir con el fallo judicial.
Este caso destaca la importancia de un sistema de justicia funcional y accesible para todos, y cómo las fallas en este sistema pueden llevar a decisiones judiciales impactantes. La resolución del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha puesto de manifiesto la urgencia de reformar la defensa pública en Oregón, para garantizar que los derechos constitucionales no sean solo promesas vacías, sino realidades tangibles para todos los ciudadanos.
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