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por Redacción USA
·Un fallo inesperado cambió las reglas del juego. Estos estados ya no tendrán que seguir las órdenes migratorias que Donald Trump quería imponer en Estados Unidos.
En Estados Unidos, las decisiones que se toman desde Washington pueden tener impacto directo en la vida diaria de millones de personas, sobre todo cuando se trata de políticas migratorias. En medio de tensiones entre el gobierno y varias administraciones estatales, un nuevo fallo judicial ha puesto límites claros a las acciones del Ejecutivo, marcando una victoria legal significativa en defensa del equilibrio de poderes.
Este reciente revés para el gobierno de Donald Trump deja en evidencia que no todo se puede imponer desde arriba, y que los estados tienen recursos para defender su autonomía. La medida, tomada por un juez federal, no solo protege fondos vitales para el funcionamiento local, sino que también refuerza la idea de que las reglas deben aplicarse con justicia y dentro de los límites legales establecidos en EE.UU.
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Una reciente decisión judicial ha marcado un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno federal y varios estados sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. El pasado jueves 19 de junio, un juez impidió que la administración de Donald Trump obligara a más de 20 estados—en su mayoría demócratas—a colaborar activamente con los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que se amenazara con recortar subvenciones clave para el transporte.
La advertencia había sido emitida en abril por el Secretario de Transporte, Sean Duffy, quien dejó claro que los fondos federales podrían retirarse a aquellos estados que no colaboraran con la aplicación de leyes migratorias. Esta iniciativa formaba parte de una estrategia del gobierno federal para presionar a los llamados "estados santuario", conocidos por limitar su cooperación con ICE en favor de la protección de los inmigrantes.
Sin embargo, la respuesta no se hizo esperar. Veinte estados demandaron a la administración de Trump, alegando que el gobierno no tiene autoridad legal para condicionar los fondos del transporte con el cumplimiento de políticas migratorias. El juez de distrito John McConnell dio la razón a los demandantes y emitió una orden preliminar que prohíbe al gobierno federal hacer cumplir esta medida mientras el proceso judicial sigue su curso.
En su fallo, McConnell calificó la acción como "arbitraria y caprichosa", señalando que carece de claridad sobre cómo deben colaborar los estados a cambio de los recursos otorgados por el Congreso. Según explicó, estos fondos son esenciales para garantizar la seguridad y movilidad de millones de personas, y no pueden ser usados como moneda de cambio en una disputa sobre inmigración. La resolución representa un respiro para los estados que defienden la autonomía local en materia migratoria.
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