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La iniciativa HB 1393 obligaría a notificar a ICE cuando existan sospechas sobre el estatus migratorio de un detenido, un paso que preocupa a defensores de inmigrantes.
En un clima político marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias, Indiana podría dar un nuevo paso con el proyecto HB 1393, que obliga a las cárceles a informar a ICE sobre sospechas de estatus migratorio irregular en sus detenidos. La propuesta, ya avalada por la legislatura estatal, ahora espera la firma final del gobernador Mike Braun, conocido por su postura a favor de medidas más estrictas en materia migratoria.
El proyecto, impulsado principalmente por legisladores republicanos, busca transformar prácticas informales en un protocolo obligatorio. Según reportó WISH-TV, los sheriffs locales serían los responsables de notificar a la agencia federal de inmigración una vez reciban la alerta de los funcionarios penitenciarios, formalizando un procedimiento que, según sus promotores, ya se aplica en varios condados de manera no oficial.
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HB 1393 apunta a unificar los protocolos
El legislador Garrett Bascom, uno de los principales impulsores del proyecto, sostuvo que la HB 1393 pretende eliminar la “zona gris” que existe en la implementación de estos procedimientos. La normativa establece que, al ingresar un detenido con cargos graves o menores y sospechas razonables sobre su estatus migratorio, se debe informar de inmediato al sheriff correspondiente para su posterior notificación a ICE.
Bascom explicó que esta ley responde a la necesidad de uniformizar prácticas que actualmente varían de condado a condado. “Muchos ya la siguen, pero esta ley transforma una práctica no oficial en un protocolo definido”, señaló, destacando que así se busca reforzar la colaboración entre autoridades locales y federales.
Críticas y temores por el impacto en comunidades inmigrantes
Pese al respaldo mayoritario en la legislatura, la HB 1393 ha generado un intenso debate. Algunos sectores, incluidos defensores de los derechos de los inmigrantes, sostienen que esta medida podría incrementar el miedo entre las comunidades más vulnerables, limitando su disposición a cooperar con las autoridades en investigaciones de delitos reales.
El representante demócrata Mike Andrade calificó la iniciativa como innecesaria, señalando que no existen datos claros que demuestren su necesidad. “Cada vez que pedimos información concreta sobre su utilidad, no obtenemos respuestas”, criticó. Además, cuestionó la lógica de aprobar una ley que formaliza prácticas ya existentes sin evidencias sólidas de su efectividad o necesidad real.
Mientras tanto, organizaciones proinmigrantes alertan sobre el riesgo de que la implementación de esta ley derive en perfiles raciales y afecte negativamente la relación entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales, justo en un momento donde la confianza resulta crucial para la seguridad pública.
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Martha Seminario Rubio Periodista
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