La difícil realidad de los enfermos mentales en el Perú

Los enfermos mentales, en su mayoría, se encuentran abandonados, esto es lo que se desprende del informe de Salud Mental y Derechos Humanos realizado por la Defensoría del Pueblo.

Según el trabajo, en el país solo hay cinco establecimientos dedicados exclusivamente a la atención de pacientes con trastornos como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia. Se trata de apenas el 8 por ciento del total de hospitales del Ministerio de Salud.

Lo más preocupante es que la mayoría de estos centros no cuenta con la infraestructura ni con el personal calificado para atender a quienes requieren de un trato más personalizado.

Alberto Velásquez, adjunto del Programa para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad advierte que la ineficiencia y la precariedad de los servicios se deben a que no existe una política prioritaria que proteja a los enfermos.

“Se les trata como si fueran unos paria. Se les discrimina, maltrata y aísla. Ese es el método que la mayoría de hospitales asume”, agrega.

Según el informe en regiones como Moquegua, Apurímac y Cusco, los hospitales no brindan servicio de hospitalización en psiquiatría.

Como informa Peru21.com en Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Pasco, Tumbes y Ucayali no hay un solo psiquiatra. El 82 por ciento de profesionales especializados trabaja solo en Lima y Callao.

Por su parte, María Isabel León especialista de la Defensoría del Pueblo, sostiene que las personas llamadas a proteger a estos pacientes como los familiares y especialistas en salud mental, muchas veces son los primeros en dañarlos.

“Los psiquiatras no les consultan con respecto a sus tratamientos y les aplican métodos salvajes. Los familiares suelen abandonarlos y se olvidan de ellos”, sostuvo.

El último martes, el Congreso aprobó una norma que busca regular el internamiento de las personas que sufren estos males. La ley establece que el Poder Ejecutivo deberá elaborar un protocolo a seguir en los casos de internamiento involuntario y en el que se respeten los derechos fundamentales de los pacientes.