Sodalicio forma comisión para esclarecer presuntos abusos

El Sodalicio de Vida Cristiana comunicó la formación de una comisión que se encargará de investigar los supuestos actos de abusos por parte de Luis Fernando Figari y otro intergrantes contra jóvenes de dicha comunidad.

Anunciaron que para garantizar el máximo rigor e imparcialidad en dicha tarea que tendrá como objetivo ofrecer a las víctimas la máxima asistencia posible, a la vez que plantear las correcciones necesarias, convocaron a un grupo de profesionales independientes. 

La comisión se denomina Comisión de Ética para Justicia y Reconciliación:

Dr. Manuel Sánchez-Palacios Paiva, quien ha sido Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y distinguido Vocal de la Corte Suprema de la República.

Dra. Rosario Fernández Figueroa, abogada,quien ha sido Presidenta del Consejo de Ministros y Ministra de Justicia.

Mons. Carlos García Camader, Obispo de Lurín, ha sido Director de Pastoral Vocacional en la Arquidiócesis de Lima y Rector del Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo.

Dra. Maíta García Trovato, médico cirujano con especialización en psiquiatría, ex Directora General del Instituto Nacional de Salud Mental e integró la Comisión que investigó y denunció los abusos del Programa de Anticoncepción Quirúrgica.

Sr. Miguel Humberto Aguirre, periodista, Director de Contenidos del Grupo RPP, quien ha sido Coordinador general y Director de internet.

“La Comisión ha sido instalada y tiene un plazo de 150 días calendarios. Sus miembros han suscrito un acuerdo de confidencialidad. El modo de dirigir cualquier caso o queja a la Comisión será con un testimonio escrito y firmado, enviado en sobre cerrado a Casilla Postal No. 27030  Libertadores 325, San Isidro, Lima, Perú, indicando una dirección electrónica o teléfono de contacto”.
 
“La información de aquellos casos que deban ser puestos en manos de la justicia civil o canónica será entregada a dichos fueros según los procedimientos aplicables”, agrega el comunicado.

Acotaron que Luis Fernando Figari, deberá permanecer en Roma hasta nuevas instrucciones de las autoridades eclesiásticas, para no interferir con las investigaciones que éstas realizan.