El modelo hondureño

Hace pocos días, el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden de captura internacional contra el expresidente de Honduras (2014-2022), Juan Orlando Hernández. La Embajada de EE. UU. indicó que Hernández es buscado para ser juzgado por tráfico ilícito de drogas y delitos con armas de fuego. Si todo sale como está previsto, su extradición es inminente ¿Cómo se ha llegado a esta situación? La explicación es multicausal, no obstante, me gustaría detenerme en un factor que considero clave, el modelo que se implementó en el citado país centroamericano a partir de la década de 1990.

Durante la presidencia de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), se aprobó la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía. Con ella se sentaron las bases de la transformación social y política del país. En síntesis, las medidas aprobadas fueron: desgravación arancelaria, liberalización de las tasas de interés, apertura de la economía a la competencia internacional, entre otros.

Un mes después, en abril de 1992, se aprobó la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Campo, con lo que se dio por finalizado el proceso de reforma agraria. De acuerdo con Irías (1992), dicha ley profundizó el acaparamiento y la concentración de tierras en manos de los terratenientes y los empresarios agrícolas, dedicados básicamente a la agroexportación.

Es así que en Honduras comienzan a aparecer nuevos grupos económicos, básicamente la maquila, que ha aprovechado todos los beneficios que le ha brindado el Estado. De acuerdo con el Centro de Estudios para la Democracia (2013), las zonas industriales de procesamiento, donde se lleva a cabo esta actividad, han estado exoneradas en un 100 % de los impuestos de importación, exportación, fiscales y municipales y sobre la renta. Además, la repatriación de capitales no tiene restricciones. El 2013, una comisión técnica creada por el gobierno identificó que las exoneraciones tributarias significaban el 6.57 % del PIB y a un 46 % de la recaudación total de los impuestos.

Para el profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Eugenio Sosa Iglesias, desde los noventa, el Estado hondureño ha tenido una orientación claramente “proempresarial”, dado que ha promovido activamente la privatización de empresas públicas, impulsado leyes de estímulo a la inversión, con exoneraciones fiscales generalizadas y la eliminación de impuestos a exportaciones e importaciones. De acuerdo con este autor, en los últimos años, el gobierno hondureño ha iniciado un proceso agresivo de concesiones de recursos naturales, especialmente ríos para hidroeléctricas y territorios para la actividad minera. El asesinato de Berta Cáceres, activista y defensora de DD.HH., por parte de sicarios contratados por la empresa hidroeléctrica Desa, denota la gravedad de la situación.

La línea argumentativa de Sosa Iglesias señala que poderes fácticos corruptos, camarillas empresariales y redes criminales han puesto al Estado hondureño de rodillas. Esta captura del Estado ha generado altísimos niveles de corrupción e impunidad en el país. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), indica que Honduras puede caracterizarse como una metástasis de la corrupción, en concurrencia con la profundización del despojo del Estado por parte de los grupos políticos y económicos, como en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández.

A manera de conclusión, podemos señalar que las consecuencias de esta situación para los hondureños han sido terribles. El 2011, San Pedro Sula se convirtió en la ciudad más violenta del mundo, con la horrorosa cifra de 159 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. La organización no gubernamental Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo, estimó que la pobreza actualmente se sitúa entre 70 y 75%. La Encuesta de Demografía y Salud del 2016, calcula que 23% de los niños padecen desnutrición, aunque se da por descontado que dicha cifra se ha incrementado debido a la pandemia. Finalmente, la Organización Internacional de las Migraciones recalca que alrededor de un millón de hondureños han migrado a Estados Unidos, y que las razones para salir del país se deben principalmente a la falta de oportunidades y empleo, la violencia, efectos de cambio climático, la inseguridad alimentaria, entre otros. De igual forma llama poderosamente la atención que el fenómeno de las caravanas migratorias se inició justamente en San Pedro Sula el 2018.