Monterrey como espejo: sobre la crisis hídrica

De acuerdo con un informe de la calificadora Fitch Rating del año 2018, la ciudad de Monterrey, capital del estado mexicano de Nuevo León, es una de las ciudades más ricas de América Latina. Dicha metrópoli es sede de corporativas transnacionales como Cementos de México, la cuarta empresa cementera más grande del mundo; Femsa, el mayor embotellador global del Sistema Coca-Cola en términos de ventas; Oxxo, Vitro, Grupo Alfa, Gruma, Gamesa, Banorte, entre otros. San Pedro Garza García, municipio dentro del área metropolitana de Monterrey, reporta ingresos per cápita de 60 mil dólares anuales, frente a los 9 mil de promedio nacional.

Sin embargo, y a pesar de su riqueza, Monterrey sufre una terrible sequía que ha sido calificada como “extrema” por las autoridades del país. Con temperaturas que sobrepasan los 40 grados, los ciudadanos de Monterrey solamente gozan de seis horas al día de bombeo de agua potable, una restricción nunca antes vista. La BBC reporta que incluso es difícil conseguir agua embotellada en las tiendas de las áreas más pudientes como Garza García.

¿Cómo se llegó a esta situación? La BBC, citando a varios expertos y académicos mexicanos, identifica tres causas principales: la primera tiene que ver con la enorme cantidad de agua que consume el corredor industrial de la zona, especialmente empresas de gaseosas y cerveza, que no dan tratamiento alguno al vital líquido. Además, dichas corporaciones depredan los acuíferos subterráneos sin ningún tipo de control.

Un segundo factor tiene que ver con el crecimiento desordenado de la ciudad. Hoy Monterrey es la segunda urbe más poblada del país, con 5.3 millones de personas, muchas de ellas, migrantes de regiones pobres que se asientan en zonas extremadamente vulnerables y áridas, donde llevar el agua es sumamente costoso. El crecimiento desordenado propicia el tercer factor, la deforestación. El avance urbano y el desarrollo industrial devastaron los espacios verdes y arrasaron con los árboles, lo que impide el proceso natural de recarga de agua. Es decir, una tormenta perfecta.

Lo que sucede en Monterrey debería encender todas las alarmas en el gobierno peruano, pero hasta el momento no se ve ninguna reacción. Sobre este punto, el informe “Gobernanza del Agua en Perú”, presentado en julio del año 2021 por la OCDE, expuso profundas desigualdades en nuestro país. De acuerdo con esta fuente, se calcula que tres millones de peruanos no tienen acceso a servicios de agua y 8.2 millones carecen de acceso a servicios de alcantarillado. El documento pone en evidencia las terribles brechas existentes, por ejemplo, el 71.7% de las personas que no tienen acceso a las redes públicas de alcantarillado vive en zonas rurales, mientras que solo el 9.6% lo hace en zonas urbanas. El documento es contundente al señalar que el Perú está lejos de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que busca que el 50% de la población utilice un servicio de agua potable gestionado de forma segura.

Sobre el uso y explotación irracional de aguas subterráneas, el Estado peruano a través de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), obtuvo una importante victoria al lograr que el Poder Judicial declare infundada la demanda de amparo interpuesta por 18 empresas industriales que solicitaron se declare inaplicable el pago por el uso de agua subterránea. No obstante, la lucha sigue en aras de salvaguardar los mantos acuíferos del país.

Finalmente, y a manera de conclusión, dos aspectos críticos son el crecimiento urbano desordenado y la deforestación. Sobre el primer punto, el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada del año 2019, elaborado por la organización Lancet Countdown, señala que la capital peruana tiene solo 0.16 de exposición a espacios verdes, lo que la coloca en la última posición de América Latina. Sobre el segundo aspecto, la institución Global Forest Watch ubica al Perú como el quinto país con mayor nivel de deforestación del mundo en el año 2019, alcanzando 161 mil hectáreas perdidas. ¿Hay alguna política pública esgrimida por el gobierno para atacar estos problemas?