Vacunas: un reto logístico y social

Los retos que plantea una vacunación masiva a nivel nacional en el menor tiempo posible alcanzan aspectos importantes más allá de las gestiones contractuales con los laboratorios para asegurar las dosis necesarias. La capacidad de nuestros gobernantes y del aparato público se está viendo retada en varios frentes.

El primero y más urgente de los retos es la batalla por el acceso a las vacunas. Perú se encuentra rezagado en el proceso de negociación con los laboratorios internacionales. Hasta hace poco el país solo había establecido negociaciones de compra para el 15% de la población; peor aún, durante la última semana el “acuerdo preliminar” con Pfizer por 9.9 millones de dosis parece haber retrocedido a niveles de incertidumbre absoluta respecto al cuándo y cuánto^[1]. De modo diferente, Brasil, México, Argentina y Chile poseen un portafolio diversificado de negociaciones con AstraZeneca, Pfizer, United Biomedical, Sinovac y Gamaleya (Sputnik-V). Recientemente México comprometió 34 millones de dosis de Pfizer y 125 mil dosis para la tercera semana de diciembre; Chile y Argentina por su parte recibirán las primeras dosis de Pfizer y Sputnik-V respectivamente durante la próxima semana^[2]. Todos estos países planean campañas masivas de vacunación durante el primer trimestre del 2021. En un escenario como el actual, en el que los países desarrollados acaparan la producción mundial de vacunas y compiten por expandir las dosis comprometidas con cada laboratorio, un retraso de solo algunas semanas en el cierre de compromisos de compra puede implicar que no podamos comprometer producción futura y que ello a su vez signifique un retraso de meses en la adquisición de las vacunas.

En segundo orden, el reto logístico presenta un desafío enorme y es particularmente complejo para el Perú dado que comprende dos componentes principales: por un lado, la capacidad para gestionar recursos e implementar campañas de vacunación a nivel subnacional y por otro, el acceso a poblaciones dispersas.

Sobre el primer componente, el objetivo general es vacunar a la mayor parte de la población en el menor plazo posible. En el caso de la vacuna contra la COVID 19, se suma sobre todo la necesidad de asegurar la cadena de frío en el transporte de las vacunas. Esto es particularmente relevante para el caso de Pfizer, cuyas vacunas son las más exigentes en términos de transporte y almacenamiento. Cada vacuna requiere una refrigeración en ultracongeladores de -70C, de tamaño industrial que exigen una alta demanda de consumo eléctrico, sistemas de respaldo, sistemas auditables y de personal capacitado permanente para evitar cambios en la temperatura que implica desechar lotes enteros. La demanda de infraestructura pública de salud será mucho más exigente que en el caso de los ventiladores, dado que actualmente, según la OMS ningún Estado Latinoamericano está en capacidad para garantizar estas condiciones.

La capacidad de las Direcciones Regionales de Salud se presenta como una seria limitación para la gestión eficiente del personal y recursos en los tiempos de vacunación previstos. Serán los funcionarios regionales los encargados de gestionar y resolver las dificultades logísticas del proceso, articular los proveedores locales y asegurar la cadena de frío. La experiencia previa en la gestión de la pandemia señala malos antecedentes al respecto. Desde mediados del año, la contraloría ha identificado de manera recurrente a nivel nacional el mal uso de los recursos públicos por funcionarios de diferentes DIRESAS^[1], así como la pérdida y deterioro de bienes y medicinas en los almacenes de los puestos de salud a nivel nacional. Del mismo modo, el nivel de competencia y honradez de muchos de los funcionarios públicos a nivel regional es cuestionable. A inicios de la pandemia el gobierno decidió dotar de recursos a los gobiernos regionales para enfrentar la COVID-19 y delegar la adquisición de suministros, equipos y aparatos médicos. No obstante, para mediados del año la ejecución presupuestal COVID de la mayoría de los GORE no alcanzaba siquiera el 50% (MEF, 2020). Con el nivel de capacidad instalada, sería un error descentralizar la gestión de la vacunación hacia los gobiernos regionales.

Las poblaciones dispersas de las zonas rurales del Perú, con menos de 150 habitantes, son un reto para la cobertura. El World Economic Forum, ha señalado que el manejo de las vacunas y su conservación a bajas temperaturas se vuelve un reto difícil para las poblaciones rurales dispersas, particularmente en la “última milla”^[2]. En 2007, en el Perú, se estimaba que existían cerca de 81,000 comunidades en esta categoría, en conjunto con cerca de 3 millones de habitantes (INEI, 2007). Muy pocas de estas comunidades poseen servicios de salud e infraestructura vial que haga fácil su acceso. Solo en Ayacucho, la DIRESA de esa región identificó más de 400 comunidades que se encuentran en el rango de 3 a 6 horas y más de 100 comunidades se encuentran a más de 6 horas de distancia para acceder a los servicios de salud (MINSA, 2015). La geografía peruana será un reto para la implementación logística y condicionará fuertemente la cobertura de la vacuna.

Además, las creencias sobre las vacunas jugarán un rol restrictivo sobre la disposición de un sector de la población por vacunarse de manera inmediata. En una reciente encuesta de IPSOS, el porcentaje de población que no desea vacunarse se ha casi duplicado de 22% en agosto a 40% en diciembre. Esto alerta sobre una posible tendencia peligrosa vista también en otros países: a medida que la vacuna se acerca y que el temor hacia la COVID-19 disminuye, la reticencia a vacunarse aumenta. En Francia, durante uno de los picos de contagio en abril de este año, la mayoría de los franceses (75%) sí tenía intención de vacunarse en caso existiera una vacuna. Meses después esa mayoría había pasado a ser del lado contrario: para noviembre el 59% de los franceses no tiene intención de vacunarse cuando el gobierno lo prevea.

En tal sentido, con todas estas limitaciones de por medio, el proceso de vacunación se configura como un desafío enorme para el país. Es realista creer que el proceso de vacunación en Perú será lento y complejo. Es probable que para fines del próximo año aún exista un porcentaje significativo de población que no podrá ser vacunada producto de los problemas logísticos y de capacidad estatal para suministrar las vacunas. Aquello dibuja un escenario en el que estemos lejos de alcanzar la superación de la enfermedad en el corto plazo y que implique que el Estado aún tenga que lidiar con la COVID-19 como un problema focalizado incluso mucho tiempo después de la llegada de la vacuna.

Finalmente, además de los costos sociales de un proceso poco eficiente, es probable que genere sentimientos de agravios en las poblaciones que se sientan marginadas en las prioridades de los gobernantes.

^[1] Ver: https://larepublica.pe/politica/2020/12/16/mazzetti-sobre-vacunas-cuando-y-cuanto-no-tenemos-como-saberlo/

^[2] Ver: https://www.dw.com/es/cu%C3%A1ndo-llega-la-vacuna-contra-el-coronavirus-a-am%C3%A9rica-latina/a-55980499

^[3] Ver: http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa/notas_de_prensa/2020/madre+de+dios/np_1012-2020-cg-gcoc

^[4] Ver: https://www.weforum.org/agenda/2020/12/is-the-world-up-to-the-challenge-of-mass-covid-19-vaccination?utm_source=facebook&utm_medium=social_scheduler&utm_term=COVID-19&utm_content=18/12/2020+23:00&fbclid=IwAR1oKI8cvMSzCSjPG3SYeKVw9N3y00b8cs-WdxTr7FbgvKi1_nTGrYwwvvI