Dos frentes: Pitufos y obstrucción

De acuerdo con una publicación de IDL Reporteros, el empresario Antonio Camayo, investigado por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, habría revelado a quién le pertenece el apelativo “señora K”. Luego de esta declaración, brindada ante el equipo fiscal, qué lectura podemos hacer de la actitud de exparlamentarios que clamaron ser la “señora K”. Si bien estas afirmaciones fueron inverosímiles, al mismo tiempo, no nos sorprendieron, ya que estamos acostumbrados a recibir este tipo de negacionismo y actitud mitómana de algunos políticos, empresarios, jueces, entre otros personajes.

En su momento sucedió lo esperado: los hechos fueron negados con solemnidad. En un despacho, una lideresa con una bandera con la letra K negaba ser la “señora K” ¿Por qué se niega y oculta la presunta reunión entre el exjuez supremo Hinostroza y Keiko Fujimori? ¿Era inapropiado, antiético o ilegal? ¿Es posible que la cabeza de un partido político se reúna en secreto con un juez supremo? Tengamos en cuenta el contexto: un Congreso cuya mayoría pertenecía a su partido y, al mismo tiempo, un partido con complicaciones legales. Si era legal o no, se lo dejamos a los juristas. Si era inapropiado, se lo dejamos al lector. Si el hecho se dio, apelemos al colaborador eficaz.

En este horizonte, la cúpula de Fuerza Popular afronta dos panoramas, cada cual con complicaciones particulares. Por un lado, J. Yoshiyama ha referido un numeroso entramado de colaboradores fantasma, referidos como los agentes del pitufeo, es decir, personas de confianza para el partido, que pudieran fraccionar las altas sumas que habrían recibido de un modo, por lo menos, sospechoso y afín al proceso tradicional de lavado de activos. Especialmente, ha referido además que la lideresa del partido sabía claramente el origen de los fondos y evidentemente lo que estaba en juego al aceptar dinero no bancarizado, irónicamente, por dueños de corporaciones bancarias ¿Es esto normal?

Por el otro, cada vez más se hace evidente algo que todos podemos considerar claramente ahora y que debemos trabajar para evitar en el futuro: la influencia política en los aparatos judiciales, directa e indirectamente, lo cual resulta en una clara obstrucción de la justicia. Si esto no fue evidente en el Congreso pasado, baste recordar la abominable violencia a la moral nacional que supuso una Comisión Investigadora que no encontró indicios razonables en muchos casos que hoy tenemos como emblemáticos. Son estos dos frentes los que afronta un emblema de la corrupción institucional política que se infiltra subrepticiamente en el Estado. 

De otro lado, podemos mencionar dos aspectos clave. En primer lugar, consideremos el atropello a fiscales en momentos clave de la investigación de Odebrecht. Por otro lado, debemos estar atentos a la carga procesal de organismos como el Tribunal Constitucional para alertar cuando la justicia parece ser selectiva, por ejemplo, cuando se deja de lado una importante cantidad de expedientes para atender con celeridad algún caso particular.