Para reformar los servicios de administración de justicia

Ojalá la Comisión Especial encargada de seleccionar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia enmiende sus yerros de procedimiento y pronto podamos tener funcionando a este importantísimo organismo. Sin perjuicio de ello, hay varias otras reformas que se requieren para mejorar la calidad, y sobre todo la probidad, en los servicios de administración de justicia.

Si la Junta Nacional de Justicia logra operar eficazmente, estimulará la reducción de la oferta de corrupción por parte de jueces y fiscales. Pero esa oferta tiene también como protagonistas al personal técnico y auxiliar del Poder Judicial y del Ministerio Público, cuyo marco normativo de desempeño funcional y ético es deficientísimo, y sobre el cual carece de competencias la Junta Nacional de Justicia.

De otro lado existe la demanda de corrupción, principalmente por acción de abogados inescrupulosos. Al respecto, el Proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Legislativo sobre control ético de la abogacía —elaborado por la Comisión Wagner- requiere mejorarse e ir precedido de una visión estratégica. Para reducir la demanda de corrupción por parte de abogados, se requiere crear un sistema de eficaz supervisión ética profesional. En el Perú, en general, predomina un régimen de impunidad profesional —valga la redundancia: en todas las profesiones— en buena cuenta debido a la inoperancia de los colegios profesionales como mecanismos de supervisión ética. Resulta escandaloso que, de alrededor de una treintena de colegios representados ante la Junta Nacional de Colegios de Abogados, solamente alrededor de cinco tengan comisiones de ética profesional constituidas y operando.

Esa constatación da pie para discutir si se justifica la obligatoriedad de colegiación para ejercer la abogacía, pues, además de inconstitucional, constituye un monopolio profesional carente de utilidad social. Sea que se mantenga el actual régimen de colegiatura obligatoria como requisito para el ingreso al mercado profesional, o que se lo sustituya, urge dictar una ley que establezca un conjunto de normas en materia de responsabilidad profesional para cerrarle el paso a la impunidad actualmente imperante.

Debiera establecerse un sistema nacional único de registro y supervisión ética de la abogacía, que publique la inscripción y la trayectoria ética de cada abogado. Como parte de ese sistema, todos los colegios de abogados -si se mantiene el requisito de afiliación forzosa- debieran estar obligados a tener comisiones de ética profesional constituidas y operando, que actúen como primera instancia resolutiva sobre quejas disciplinarias; y el Estado debiera conformar un tribunal ético nacional que opere como segunda y última instancia.

Adicionalmente, los sistemas de supervisión ética deben estar integrados. En concreto, las sanciones de destitución de jueces y fiscales que acuerde la Junta Nacional de Justicia debieran surtir el efecto automático de inhabilitar al sancionado para ejercer la abogacía, al menos por un plazo de diez años. De lo contrario, el magistrado corrupto simplemente se transformaría en abogado corruptor, y los efectos de la sanción de destitución serían -como ahora ocurre- ineficaces.

Otro factor que genera demanda de corrupción en la administración de justicia es el exceso de abogados. En el Perú existimos alrededor de 150 mil, lo cual equivale a una tasa estimada de uno por cada 200 habitantes. Aunque los estándares internacionales en esta materia son variados, esa estadística tiene que ser analizada considerando la calidad institucional del mercado profesional nacional; la que, en el caso peruano, es deficientísima. En un mercado profesional mal regulado, el exceso de oferta se traduce en un deterioro en la calidad del ejercicio profesional, particularmente en lo referente a estándares de desempeño ético: deplorablemente, los abogados más corruptos acaban siendo los más competitivos. A la luz de ello cabe cuestionar la pertinencia de la continuidad del subsidio del Estado a la formación de más abogados. Quien quiera estudiar Derecho para ser abogado debiera asumir el costo íntegro de su decisión, sin que el Estado lo subsidie a través del financiamiento presupuestal a las facultades de Derecho en las universidades públicas, o de la exoneración tributaria en el caso de las privadas.

Si la reforma en los servicios de administración de justicia no se aborda integralmente, dando cara a dimensiones problemáticas como las aquí mencionadas, acabará siendo otro empeño fallido. Es hora de tomar conciencia: no alcanzaremos jamás a forjar una democracia legítima y eficaz, ni crearemos seguridad jurídica y equidad social, si no contamos con servicios de administración de justicia probos y eficientes. Lograrlo debiera ser la gran ofrenda de nuestras generaciones a la patria, en el advenimiento del Bicentenario de su Independencia.