Administración de justicia en la Comunidad Andina

El 26 de mayo de este año se llevó a cabo la XIX Reunión de Consejo Presidencial Andino, órgano máximo del Sistema Andino de Integración (SAI), el mismo que ejerce la dirección política de nuestro proceso de integración. Este hecho cobró particular relevancia debido a que se cumplían 50 años de la suscripción de Acuerdo de Cartagena, el proceso de integración más importante y consolidado de América Latina, además de que los jefes de Estado de nuestros países no se reunían en casi una década para tratar temas de importancia para los 110 millones de ciudadanos que somos parte de un proceso que nos une histórica, cultural, social y económicamente desde la época del Imperio Incaico y que se ha tratado de afianzar desde la independencia.

Los jefes de Estado tienen la responsabilidad de emitir directrices para ser instrumentadas por los órganos del SAI. Ello se ha verificado a través del Comunicado Conjunto, denominado “Declaración Presidencial de Lima: 50 Años de la Comunidad Andina”.

En materia económica, dicha Declaración pone énfasis, entre otros, en priorizar la libre movilidad de personas, la transformación digital, la interconexión energética, fortalecer la zona de libre comercio, así como la facilitación del comercio y la complementariedad comercial. En el plano social se destaca la necesidad de mejorar los servicios de educación y de salud, además de la inclusión de las poblaciones vulnerables, la igualdad de género, la participación activa de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la seguridad vial.

Un tema de mayor importancia es el referido a la solución de controversias. En efecto, el punto 8.10 de la Declaración encomienda que se impulsen los trabajos del Grupo Ad-Hoc de Solución de Controversias con el fin de continuar el proyecto de reforma del Sistema Andino de Solución de Controversias.

El mecanismo andino de solución de controversias es, junto con el de la Unión Europea, de los dos más avanzados del mundo. Ello se sustenta en que es un tribunal permanente y supranacional, y se instrumentaliza a través de la Secretaría General y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). A diferencia de otros mecanismos de integración o acuerdos de libre comercio, en la CAN existe un andamiaje y procedimientos jurídicos institucionalizados que permiten reclamar por incumplimientos del ordenamiento jurídico comunitario, solicitar la nulidad de normas o actuaciones de los gobiernos que afecten sus intereses e, incluso, reclamar por la omisión en el cumplimiento de la normativa acordada. Ello lo pueden hacer los Estados, pero lo que es poco conocido es que también están legitimados los empresarios y el ciudadano de a pie. En adición, el TJCA tiene la responsabilidad de interpretar las normas andinas, lo que permite que nuestros jueces nacionales, que para estos efectos son jueces internacionales, resuelvan de manera armónica y uniforme lo casos bajo su jurisdicción, además de que se erige como un diálogo judicial que brinda seguridad jurídica.

Es poco conocido que el TJCA es el tercer tribunal internacional con mayor carga de trabajo a nivel mundial. En sus 40 años de existencia ha resuelto más de 5000 casos, los mismos que se han incrementado de manera exponencial en los últimos 5 años. Su carga principal, constituye las interpretaciones prejudiciales que, precisamente, son las sentencias de mayor impacto puesto que, a diferencia de las acciones de incumplimiento o de nulidad que suponen la falla del sistema; mediante las interpretaciones prejudiciales se construye el derecho andino.

El mandato de los presidentes pone de relieve la importancia de la administración de justicia comunitaria y esperemos que, en breve plazo, haya resultados sobre la reforma del sistema de solución de controversias; la misma que debe ir en línea de potenciar al TJCA y brindarle las facilidades y recursos para que cumpla con su importante labor brindar seguridad jurídica. Como muestra de su importancia basta con señalar que los aproximadamente 750 casos que se ventilan anualmente impactan en más de 1500 empresas que desarrollan actividades económicas en nuestros países.

Esperemos que para el proceso de reforma del TJCA se convoque a los usuarios del sistema: jueces, empresarios y académicos. En ellos repercuten las decisiones de ese tribunal internacional y son quienes están llamados, en primerísimo lugar, a dar su opinión.