ASG: ¿Voluntad u obligación?

Vivimos en una era de reflexión sobre nuestras acciones y sobre su impacto en los demás. Esto nos ha llevado a conceptualizar a las empresas como agentes con una obligación que va más allá de la maximización de beneficios, sino que también deben de ser capaces de ajustar sus actividades a tener un impacto positivo en el ambiente, en la sociedad y en la gobernanza. Estos 3 aspectos los hemos venido a agrupar como los indicadores ASG.

Y a pesar de que existen ya varias empresas que declaran estos indicadores en sus reportes y que el concepto de integrar los aspectos ASG en las decisiones de las empresas suena correcto y debido, no deja de ser una fantasía el día en que todas las empresas adopten acciones con impacto ASG por voluntad propia.

En gran parte, una de las razones por las que no logramos una adopción más acelerada es que no logramos ponernos de acuerdo en cuanto a cómo medirla e implementarla. Ante la falta de transparencia, la irresponsabilidad de las organizaciones, las mediciones confusas, la publicidad engañosa, las calificaciones auto-concebidas y la tendencia a prometer más de lo que realmente ejecutan, al final del día las empresas se inclinan por sobrevivir y servir al propósito principal que les asegura, al menos en el corto plazo, la subsistencia: el económico.

Si tomamos por ejemplo el acuerdo de París del 2030 que buscaba reducir a largo plazo las emisiones en un 55% en comparación a las emisiones en 1990, veremos que la voluntad no ha logrado reducir las emisiones, sino que, por el contrario, nos encontramos lejos del objetivo.

Existe una brecha entre la voluntad y la acción de las empresas que es alargada por la confusión de cómo medir e implementar los aspectos ASG. Sin embargo, esta brecha podría ser cerrada por el gobierno, aquel que pueda definir las reglas necesarias para asegurar que las empresas cumplan.