Un giro copernicano para ser bien gobernados

En este artículo pretendo aproximarme al constructo de un buen gobierno bajo un enfoque pragmatista (Charles S. Peirce, William James, Richard Rorty, entre otros). Me referiré nuevamente a Max Harold Fisch (1900-1995); lo cito: “La vida del derecho no es la lógica, sino la experiencia”.

1.- Supuestos básicos

- En general, los seres humanos —en sus decisiones individuales y colectivas— tienden a comportarse bajo la racionalidad hobbesiana, más que la kantiana. No por la falta de existencia de un orden moral, sino justamente para aproximarnos al mismo.

- Asumo el principio de la imperfectibilidad de Russell Amos Kirk (1918-1994): el ser humano no es perfecto y, por lo tanto, “no se puede esperar la creación de un orden político perfecto”. En este sentido, “aspirar a la utopía es dirigirse hacia el desastre”.

- Siguiendo a Luigi Ferrajoli (1940), la diferencia de fondo en la dualidad política “izquierda-derecha” puede ser identificada en el diverso modo de concebir la relación (preferencias relativas) entre igualdad y libertad.

- Los criterios de evaluación de las políticas públicas se basarán en la conformidad con los dos principios de justicia estipulados por John Rawls (1921-2002) en Teoría de la justicia (1971), independiente pero concomitante con las métricas de resultados.

2.- Herramientas y criterios para la elaboración de las políticas públicas

- Aplicación del enfoque de “diseño de mecanismos” (“función objetivo” y el “mecanismo” para llegar a ello). Constructo que mereció el Nobel de Economía del año 2007 para los profesores Leonid Hurwicz, Eric Maskin y Roger Myerson.

- La función objetivo debe orientarse según el enfoque de Norberto Bobbio (1909-2004) y Luigi Ferrajoli, entre otros: un enfoque de derechos (fundamentales), no de deberes. Ver Los derechos humanos, génesis y desarrollo (2019), de Miguel Carbonell.

- Si bien en el enfoque primarán los derechos, debemos atender a los equilibrios internos y externos que nos exige la ciencia económica contemporánea. Ver El costo de los derechos. Por qué la libertad depende de los impuestos (2011), de Stephen Holmes y Cass R. Sunstein.

3.- Componentes sistémicos

Entonces, para que los ciudadanos podamos aspirar a ser bien gobernados, debemos contemplar los siguientes componentes:

• Una democracia constitucional consolidada (derechos de tercera generación), siguiendo a Luigi Ferrajoli.
• Un sistema de partidos políticos institucionalizado y sólido. Ver Partidos y sistemas de partidos (1976) y Elementos de teoría política (2007), de Giovanni Sartori.
• Un sistema electoral eficiente en el marco de la democracia representativa. Ver Gramática de los sistemas electorales: una introducción a la ingeniería de la representación (2018), de Dieter Nohlen.
• Un Estado eficiente (nacional, regional y local).
• Un plan nacional de desarrollo económico y social orientador, bajo un enfoque territorial, que nos brinde una mirada de mediano y de largo plazo.

Selina Todd, en El pueblo: auge y declive de la clase obrera (1910-2010) (2014) —al abordar la historia política, social y económica del Reino Unido—, nos advierte sobre la importancia de maximizar los niveles de empleo y de promover la movilidad social y la igualdad de oportunidades, además de poner atención a las expectativas de seguridad económica de la gente y sus vidas laborales, entre otros aspectos. Nos recuerda que en la década de 1930 germinó la British Union of Fascists (BUF), liderada por el activista Oswald Mosley, y que felizmente los niveles de desempleo en el Reino Unido, en aquella época, no mostraron las caídas que se evidenciaron en Alemania e Italia. En esa misma línea, Roger Griffin, en Fascismo (2018), apunta: “También para los no marxistas la dramática irrupción del fascismo en la escena de la historia moderna supuso una enorme conmoción, por ser algo que no estaba en el guion histórico ni de liberales ni de conservadores”. Erich Fromm (1900-1980), en El miedo a la libertad (1941), efectuó un estudio de los mecanismos psicológicos que habrían “llevado a tantos millones de personas a buscar refugio espiritual en la devoción a una dictadura opresora”.

Respecto a la necesidad de un Estado eficiente, retomaré algunos conceptos que publiqué en “La ética pública y el servicio civil” en febrero de 2021 sobre las nuevas prácticas que puede adoptar la corrupción, acerca de las cuales se proponen “algunas recomendaciones de política para abordar la depreciación moral en el manejo de la cosa pública”. Para el caso peruano, es evidente la manera “inorgánica y subrepticia mediante la cual (con muy alta frecuencia) se accede al empleo público a todo nivel de gobierno”. Es un secreto a voces la falta de meritocracia y transparencia que subyace en la modalidad del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), por ejemplo, y que debe representar el 40 % del empleo público. Para desgracia nuestra, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) no tuvo en perspectiva que la muy lenta implementación del Régimen del Servicio Civil (creado en 2008) implicaría justamente la perforación del mismo y el sepultamiento de una de las reformas del Estado más importantes para los peruanos.

Igualmente apunté que la corrupción “rompe” la fibra de lo que conocemos por “institucionalidad política y económica”, y una de las consecuencias más críticas de ello es la deslegitimización de las organizaciones (estatales, partidos políticos, gremios empresariales y ONG), que sean percibidas por los ciudadanos como involucradas en estos actos. Concluí que “un Estado ineficiente y una burocracia infértil son dos caras de una misma moneda que, al no poder establecer las condiciones indispensables para la generación de riqueza y bienestar de manera sostenible, finalmente coadyuvan a la pérdida de credibilidad en el régimen democrático constitucional”. Ver Democracy (2007), de Charles Tilly.

Finalmente, los ciudadanos requerimos que el Poder Ejecutivo y el Legislativo se orienten bajo políticas de Estado, en el marco de un plan nacional de desarrollo económico y social, bajo un enfoque territorial, debidamente institucionalizado. Hoy tenemos a un Ceplan (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico) sin ningún peso específico. Contamos con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, pero no muy institucionalizado.

Entonces, ¿en qué consiste este cambio copernicano?: debemos lograr un sistema de gobernanza en el cual el “centro” debe ser el ciudadano, para garantizar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Este es el verdadero sentido de una república en donde gobernantes y gobernados nos sujetemos a un orden constitucional que garantice nuestro derecho al progreso, en libertad e igualdad ante la ley y en cuanto a oportunidades: una sociedad justa. No aproximarnos al acápite 3 es seguir viviendo en el marasmo, con consecuencias insospechadas.