Según un estudio económico del Banco Central de Reserva, la informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva. Es decir, la formalidad cuesta, pero brinda beneficios como la protección policial, el respaldo de un sistema de justicia para resolver conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso a instituciones financieras para obtener crédito, entre otras posbilidades.
En las zonas urbanas del Perú, según el INEI, 8.5 millones de trabajadores son informales. Esta cifra dobla el número de personas formalmente empleadas. Además, existen más de 11.5 millones de peruanos subempleados, es decir, los trabajadores laboran menos horas y realizan empleos con un nivel de calificación menor al que tienen que ocuparse. Todo para no quedar desempleados.
Entre junio de 2017 y junio de 2018, se han creado 413 000 puestos de trabajo informales. En ese mismo lapso, solo se crearon 21 100 empleos formales. Además, en el país hay más de 420 mil jóvenes de entre 15 a 29 años desempleados, el 8.4% de la población económicamente activa.
Si el Estado no ejecuta políticas y planes que fomenten la conversión de micro y pequeñas empresas a la formalidad, la presión tributaria (los impuestos) se mantendrán en índices altos para los contribuyentes formales.
