La informalidad y la pérdida de vidas humanas

Tras la tragedia acontecida este domingo por la noche en la que perdieron la vida 17 personas y siete resultaron heridas, a la fecha no hay responsables. Ni el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ni el de San Martín de Porres, Julio Chávez, ni la Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, ni la Policía Nacional del Perú responden por qué la empresa Sajy Bus aún continúa brindando sus servicios interprovinciales. Los “jaladores”, a pocas horas de haber sucedido esta tragedia, siguen convenciendo a los pasajeros para que aborden los buses estacionados en los terminales informales que se encuentran ubicados fuera de la vista de la Policía y esto continúa sucediendo como si no hubiera pasado nada.

Sabemos que los transportistas informales desacatan las órdenes municipales cuando se les viene en gana, pero a ello tenemos que agregar que el local donde se encontraba el bus siniestrado, a su vez, vendía combustible ilegal. Vemos que a la informalidad se le suma la ilegalidad, círculo más que vicioso. Lo paradójico es que la empresa Sajy Bus contaba con la autorización del MTC hasta el 2026 y operaba de Lima a Chiclayo. 

Entonces, ¿por qué la informalidad? ¿Será que al peruano le gusta la informalidad y cuando suceden estas tragedias culpan a las autoridades? Analicemos lo que sucede. De un lado, están los dueños de estas empresas cuya prioridad, lamentablemente, es lucrar y las autoridades no supervisan los precios de los pasajes, cada agencia pone el precio que quiere. De otro lado, están los pasajeros que, por ahorrarse unos soles, tienen que acudir a la informalidad. Si empresas como Transportes Inversiones Sajy S.R.L. siguen operando informalmente también es, en parte, por la responsabilidad de la gente, que aun sabiendo el riesgo de muerte que corren, utilizan estas empresas de transporte apoyando de ese modo la informalidad.

Tal vez la mejor forma de entender la “informalidad” en nuestro país sea como un sinónimo de “ilegalidad”. Hernando de Soto definió la informalidad como el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales que rigen la actividad económica (El Otro Sendero, 1989). Si partimos de esta óptica, todo aquello que se realiza fuera del marco de la ley es informal, sin importar quién lo haga. Actuar de este modo en determinadas situaciones, no significa que toda la organización sea informal, de ahí la dificultad para hallar a los responsables cuando se producen estos siniestros. ¿La culpa la tienen todos?

La triste realidad es que estos eventos trágicos son habituales y se repiten dramáticamente, sin cesar. El saldo humano es visible, el costo económico que ello genera es elevado y, sin embargo, estamos haciendo muy poco por evitar la innecesaria pérdida de vidas humanas, el consiguiente dolor y sufrimiento que recae sobre las familias y las comunidades que se ven afectadas. La adopción de políticas e intervenciones sostenibles, eficaces y poco costosas en materia de seguridad vial es indispensable, no solo reduciría el enorme sufrimiento que generan estos lamentables accidentes en el marco del sector transporte, sino que, también, crearíamos mejores condiciones de vida para desarrollarnos en una sociedad más segura para todos.