AFP Integra: Inversiones de AFP no corren peligro por caso Lava Jato

Aunque parezca difícil de creer, parte del dinero de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se encuentra en proyectos de empresas brasileñas vinculadas al escándalo de corrupción Lava Jato.

Según datos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), las AFP tienen invertidos 3,251 millones de soles de sus afiliados en proyectos de infraestructura de Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao y OAS.

No corren peligro. El gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, explicó que estas inversiones se realizaron años antes de que se conociera el caso Lava Jato y aseguró que estos proyectos son seguros y no corren peligro, al igual que la rentabilidad de los fondos.

"Para mí lo importante es que el afiliado se quede tranquilo, que las obras que se han mencionado son obras que existen, son obras que están bien hechas y que los bonos que nosotros hemos comprado para financiar estas obras tienen garantías muy sólidas y suficientes para que esta deuda se siga pagando y que no haya ningún impacto en la rentabilidad de los fondos", declaró a RPP Noticias.

¿Si quiebran? Incluso si alguna de estas empresas quebrara, Ferrini precisó que la obra seguirá generando rentabilidad, pues ya está en marcha.

"Si Odebrecht quiebra y se va, el activo que queda pasa a ser propiedad de los bonistas (entre ellos las AFP), así está en los contratos, es un activo que se pondrá a la venta, alguien lo comprará y seguirá generando el pago de flujos", refirió.

En el supuesto negado de que las obras se cancelen, el riesgo sería limitado, pues estas inversiones representan poco más del 2% de toda la cartera de las AFP, que suma unos 137 mil millones de soles, indicó Ferrini.

"Si estas obras hubiesen quebrado, que por lo que te dije previamente es muy difícil, y no nos pagaran los bonos, la rentabilidad del año, en vez de haber sido 10%, hubiese sido 8%", manifestó.
 
El ejecutivo dijo que los próximos proyectos de inversión que sean licitados por el gobierno deben tener contratos "blindados contra la corrupción" y la reputación de las empresas que participen debe ser de primer nivel.