La congresista Diana Gonzales criticó el fracaso del Reinfo y pidió una legislación firme para la minería artesanal y de pequeña escala. Asimismo, rechazó prórrogas automáticas, denunció irregularidades y exigió un marco legal serio que combata la ilegalidad y el crimen organizado.
La congresista Diana Gonzales, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas, se presentó en Economía Para Todos por RPP y se refirió al "fracaso" del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la necesidad de una legislación clara y sólida para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Asimismo, Gonzales saludó la decisión del ejecutivo de no prorrogar automáticamente el Reinfo, calificándolo como una "medida intermedia" aunque "no suficiente".
Según la congresista, el decreto supremo actual establece que aproximadamente 40,000 inscripciones que tenían su registro suspendido antes del 30 de junio de 2024 y no realizaron las correcciones necesarias, quedarán excluidas definitivamente del Reinfo.
Gonzales enfatizó que el Ejecutivo "no debe retroceder en una medida ya anunciada" y que el Reinfo "debe tener una fecha de caducidad clara", ya que ha demostrado ser un "régimen ineficaz" y una "estrategia fracasada totalmente".
"El hecho de que solo un porcentaje mínimo haya logrado su formalización significa que esta estrategia ha fracasado", afirmó Gonzales. La vicepresidenta también denunció el uso indebido del Reinfo, mencionando casos de "Reinfo de personas fallecidas" o "Reinfos con coordenadas en el mar".
Además, rechazó las demandas de algunos mineros artesanales que exigen un "Reinfos sin condiciones", calificándolo de "manotazo de ahogado" y algo que "no lo podemos permitir de ninguna manera".
Respecto a la denominada Ley MAPE, la congresista expresó su preocupación por el intento del Ministro de Energía y Minas de "desligarse por completo de una responsabilidad que claramente también corresponde al ejecutivo". Gonzales insistió en que el ministro debe "participar del debate, absolver dudas y construir juntos un texto".
La parlamentaria reveló que votó a favor de que el tema de la Ley MAPE se vea en la siguiente legislatura por "responsabilidad", ya que los textos presentados anteriormente por la presidencia de la Comisión de Energía y Minas contenían "requisitos tan básicos, tan blandengues y laxos como DNI, RUC y coordenadas". Esto, a su juicio, constituía una "falta a la institucionalidad del país" y una "política pública que legalizaba la ilegalidad".
"De ninguna manera podemos permitir que [la Ley MAPE] sea un Reinfo recargado, un maquillaje legislativo, un Reinfo encubierto, un Reinfo 2.0", sentenció Gonzales. Subrayó la importancia de redactar un texto que "realmente cumpla con los criterios que se necesitan para una ley MAPE, para una política pública de Estado".
La congresista hizo un llamado al trabajo articulado entre el Congreso y el Ejecutivo para lograr un "verdadero marco legal, transparente, ordenado, responsable y acorde a la institucionalidad del país".
"Espero la participación activa por parte del Ejecutivo, específicamente el Ministerio de Energía y Minas. El ministro tiene que acompañar las acciones, participar del debate, absolver dudas y construir juntos un texto. Nos toca trabajar de manera articulada y no esperar solo el momento del inicio cuando ellos presentan el proyecto de ley o cuando el Congreso ya aprobó el texto, envía la autógrafa para que el Ejecutivo recién ahí se ponga a trabajar con las observaciones a la autógrafa", dijo y agregó que "Es momento de trabajar un texto articulado que resiste un verdadero análisis técnico lejos, totalmente lejos de intereses políticos, que es lo que yo he visto en esta legislatura".
Gonzales también destacó que la oposición a textos débiles ha sido constante, especialmente al recordar que en un momento "se dejó de pedir la autorización para explosivos, insumos químicos y bienes fiscalizados", lo cual le parecía "una locura".
Finalmente, la congresista confía en que, al reiniciarse la legislatura, el Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas "adopten un rol mucho más activo y decidido", para combatir la "ola criminal que nace muchas veces de la minería ilegal", relacionada con delitos como la trata de personas o el crimen organizado.