El Congreso propone una iniciativa para controlar los precios de matrículas y pensiones de la educación básica y superior. Por ejemplo, prohíbe cobrar moras o penalidades si hay un retraso en el pago de la mensualidad y que los padres de familia participen para decidir el monto de la pensión, pues esta no podrá ser fijada de manera "unilateral".

Si bien esta medida aplica solo para momentos de crisis, como la que vive el país en medio de una pandemia, no recoge los requisitos para ser viable, según reconoce Luis Valdez, presidente de la comisión de Constitución del Congreso en RPP Noticias.

"El fin del proyecto es darle "ciertos beneficios" al universo estudiantil en épocas de pandemia, en épocas de emergencia, lo cual es noble, pero eso debe ir alineado y equilibrado con otros análisis, como el análisis económico y el análisis técnico. Sí, son variables que carece este proyecto", señaló.

¿Será observado?

El ministro de Educación Ricardo Cuenca adelantó que no hubo un proceso de reflexión en el Parlamento por lo que revisará el proyecto de ley, pues el Estado peruano no puede regular los precios.

"Por principio básico en el Estado peruano no es posible regular precios. Eso es una regla general, no solo para las escuelas. Lo que hemos hecho en el Reglamento es implementar aquello que ya salió en un Decreto Supremo en enero del año pasado en el que las cuotas de ingreso tenían que ser devueltas a los padres de familia porque la situación de la pandemia cambió las reglas de juego en la relación contractual", indicó.

El impacto de la propuesta en cifras

Según Jorge Camacho, vocero de la Alianza de Escuelas Privadas, el impacto que tendría esta iniciativa sería perjudicial para los colegios privados a nivel nacional, pues afectaría a 2 millones de alumnos y el trabajo de 400 mil maestros.

Por su lado, Jannette Rivera, Presidenta de Instituciones Privadas de La Libertad opina en la misma línea e incluso pidió darle prioridad a otros temas urgentes, como la deserción estudiantil.

"Esta iniciativa es lamentable, va a generar la quiebra de muchos colegios, pérdida de empleos, profesores, administrativos y la falta de colegios va a generar que se perjudiquen alumnos. El estado no tiene capacidad de atencion. Este proyecto es además inconstitucional. Lo que se debe tratar ahora es evitar la deserción escolar, eso es lo que se debe tratar ahora", exigió.

El año pasado 350 mil alumnos dejaron los colegios privados para ir a un colegio estatal. Sin embargo, para Edgar Trejo, presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y APAFAs del Perú, esta cifra podría ser mayor con esta propuesta del Congreso y advirtió que las escuelas nacionales no están preparadas para recibir más estudiantes

“Más del 50% de colegios pequeños y medianos privados van a cerrar. Entonces, calculamos que irán un millón de estudiantes de educación privada al colegio público. No habría colegios, ni infraestructura, no habrían aulas ni profesores para dictar para el más de un millón: los 200 mil del año pasado y el millón de estudiantes que saldrían para el 2022 y esto será un tremendo problema”, detalló a este medio.

En el 2020, al menos 300 colegios privados tuvieron que cerrar sus puertas y cerca de 5 mil docentes que enseñaban en esas escuelas perdieron su empleo, ello a causa del incumplimiento de pagos en las pensiones debido a la pandemia. Sin embargo, ajustar las pensiones sin sustento técnico agravaría el escenario educativo.