Contraloría reporta 2,445 obras paralizadas de más de S/ 180,360 millones

Actualmente continúan paralizadas 2,445 obras a nivel nacional, con un valor de más de S/ 18'360 millones, según reveló la Contraloría General de la República.

El contralor general, Nelson Shack, señaló que solo 66 proyectos de los que estuvieron paralizados están en plena ejecución, pero el resto sigue pendiente de una solución para su reactivación.

“Las obras paralizadas no solo representan un problema económico sino también un problema social y de frustración muy grande en la población porque la gente no logra entender cómo el Estado, teniendo tantas necesidades, pues tira la plata haciendo obras que están mal hechas, paralizadas, están en litigios y no operan”, dijo durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Shack indicó que si se se adoptan las medidas necesarias para reactivar estas obras, tales como aprobar algunas normas o presupuesto para su reactivación, se podría resolver el problema dentro de aproximadamente seis meses.

“El proceso de reactivación de obras paralizadas nunca va a ser inmediato, se necesita hacer una serie de acciones de naturaleza técnica que llevan tiempo y demandan recursos. Pero al menos ya están totalmente identificados, región por región, cuáles son esos casi 2500 proyectos por S/ 18 mil millones”, comentó.

El contralor precisó que la cifra de obras detenidas identificadas no es el total de obras paralizadas, pues no se toma en cuenta los proyectos por contratación directa que no forman parte de la definición establecida en la normativa sobre el tema.

Asimismo, Shack indicó que de las 2,445 obras paralizadas, unas 1,776 están bajo la administración de los gobiernos locales.

“Es decir, que los gobiernos locales, en promedio, tienen casi una obra por contrata paralizada”, acotó.

Shack advirtió que si no se corrige este problema podría aumentar el número de obras paralizadas para fines del próximo año, teniendo en cuenta que en el 2022 se realizarán las elecciones regionales y municipales, lo cual implicará un cambio en las prioridades de gasto de las nuevas autoridades.