Luis Arias Minaya advierte que la nueva ley que redistribuye el IGV pone en riesgo la estabilidad fiscal del país, al generar un forado de S/ 10,000 millones sin fuente de financiamiento. Además, califica la medida como populista, inconstitucional y perjudicial para el próximo gobierno.
Luis Arias Minaya, economista y exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), se presentó en Economía Para Todos por RPP y analizó la viabilidad y el impacto de la Ley aprobada por el Congreso de la República que modifica la distribución del Impuesto General a las Ventas (IGV).
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Esta ley no modifica el IGV total que pagan los ciudadanos, que se mantiene en 18 %, sino cómo se reparte. Actualmente, el gobierno central recibe 16 % del IGV y los municipios 2 % (IPM). La nueva ley reduce la porción del gobierno central a 14 % y aumenta la de los municipios al 4 %.
Según Luis Arias Minaya, esta medida implica un aumento de las transferencias a los municipios de todo el país por S/ 10,000 millones anuales. Esto representa más que duplicar o duplicar el presupuesto de inversión de los gobiernos locales.
Aunque el Fondo Común (FONCOMUN) es algo que los municipios reciben "religiosa y puntualmente todos los meses en sus cuentas", el economista enfatiza que el problema central de esta ley es que "esto no está financiado".
El tesoro público "no tiene al de dónde sacar S/ 10,000 millones para entregarle a los municipios". Dado que el gobierno central dejará de recibir esta cantidad, Luis Arias Minaya advierte que lo que ocurrirá es que "o se va a aumentar el déficit fiscal o se van a reducir los servicios que el gobierno central entrega a la población".
Esto podría afectar "obras que el gobierno central hace o incluso pago de planillas a maestros, a médicos, a enfermeras". Para Arias Minaya, "se está poniendo en riesgo la estabilidad fiscal del país".
Un aspecto particularmente grave, según el exjefe de la SUNAT, es que esta ley ya fue aprobada y rige a partir del próximo año, es decir, desde el 2026. Esto significa que "quien va a pagar la cuenta de esta medida populista que este Congreso está haciendo es el próximo gobierno". Luis Arias lo califica diciendo que "El actual Congreso le está pasando el muerto al próximo gobierno".
Respecto a la idea de que este dinero del Fondo Común deba ser utilizado para inversión, Arias Minaya es sostuvo que "eso no es posible". Explica que los municipios simplemente tomarán estos fondos adicionales, que la ley obliga a usar en inversión, y desviarán otros fondos que antes usaban para inversión hacia "gasto corriente". En la práctica, "el municipio va a dejar de hacer otras cosas y va a financiar, va a usar el fondo común en pagos corriente".
Ante esta situación, Luis Arias Minaya concluye que esta ley "no solo debe observarse, esta ley es inconstitucional". Instó al Ministerio de Economía y Finanzas a "observar la ley por dos razones, porque crea un forado fiscal y además porque la ley está pésimamente mal redactada".
Adicionalmente, considera que el Ministerio de Economía "debe ir ante el Tribunal Constitucional para que esta entidad declare la inconstitucionalidad de esta ley", pues "el Congreso de la República no puede crear gastos públicos".
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