Cajas municipales piden aprobación de ley por insistencia para entregar tarjetas de crédito

La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), pidió al congreso aprobar por insistencia la ley que les faculta emitir tarjetas de crédito.

Este pedido se dio, luego que el Ejecutivo observe la autógrafa de ley, pues supuestamente la emisión de estas tarjetas pone en riesgo al usuario de ser víctima de fraudes financieros.

“Nosotros (las cajas municipales) tenemos la suficiente experiencia para asumir esa responsabilidad sin poner en riesgo los intereses de nuestros usuarios, además estamos regulados y contamos con muchos sistemas de seguridad”, refirió Jorge Solís, presidente de Fepcmac.

Cajas municipales Ofrecen menos intereses

Las cajas municipales ofrecen intereses por debajo del 35 %, a comparación de la tasa impuesta por los grandes bancos (por encima del 70 %); por ello, Solís refirió que esta facultad mejoraría la inclusión financiera al dar el beneficio de acceder a créditos más baratos.

“Si no se aprueba esta ley, las personas no tendrán mejor oferta, además, nos restan competitividad, por eso queremos que el Congreso apruebe la iniciativa por insistencia, nosotros no dejaremos de estar regulados por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP”, expresó.

Actualmente las cajas municipales engloban un público de 7 millones de personas aproximadamente y han entregado el 36.2 % del total de créditos a la mediana y pequeña empresa.

La polémica

Con esta ley, las cajas municipales podrán emitir tarjetas desde el tercer año de funcionamiento, siempre que tengan activos superiores a las 75,000 UIT.

Sin embargo, el gobierno asegura que hay desventajas por los sistemas informáticos que algunas manejan y no tendrían capacidad de gestión ni para asumir los riesgos operativos.

"La autógrafa de ley al proponer en su artículo 6 la exclusión de las CMAC dentro del alcance las normas sobre la administración financiera del sector público, transgrede la finalidad de contribuir a la asignación y utilización eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público y la administración del registro de dichos ingresos, con transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia garantizando la sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal a través de la gestión fiscal de los recursos humanos", agregan en el oficio.