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Gobierno retirará demanda en el TC contra ley que elimina régimen CAS

Iber Maraví, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Iber Maraví, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). | Fuente: Andina

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, anunció que también se retirará la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de negociación colectiva.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví, anunció que el Gobierno ha determinado el retiro de las demandas de inconstitucionalidad contra la eliminación del régimen CAS (ley 31131) y la negociación colectiva (ley 31188).

Ambos casos, aprobados por el Congreso anterior, se encuentran en el Tribunal Constitucional (TC) desde el gobierno del ex presidente Francisco Sagasti

“Estos dos puntos tienen que ver con el sentir de la clase trabajadora de retirar la demanda. Es un tema muy discutible, considerando que ya estás demandas están admitidas en el Tribunal Constitucional”, dijo el ministro en la Comisión de Trabajo del Congreso.

Asimismo, señaló que aún están vigentes las normas por lo que queda pendiente que se elabore sus reglamentos.

CAS

La iniciativa, que elimina el CAS y plantea incorporar al régimen laboral DL 728 a los trabajadores que se encuentren en este régimen, fue aprobada y promulgada por insistencia en el Congreso anterior.

Según se indicó en la demanda, la ley vulnera las competencias del Gobierno en materia de administración de la Hacienda Pública y gestión de los recursos humanos en el sector público.

Con los 286 mil trabajadores que se encuentran en régimen CAS, se estima que la ley implicaría un costo no previsto de S/ 3,600 millones para le presupuesto público.

Negociación colectiva

La ley 31188 planteaba un cambio en la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores en el sector público, lo cual podría implicar solicitudes sin límites de estos trabajadores sin límites.

Esto podría generar que se destine la mayor parte de su presupuesto en el pago de planilla afectado a la prestación de servicios como salud, educación, seguridad, o limpieza pública, lo cual significaría un costo adicional a los recursos públicos de hasta S/ 6 228 millones al año.

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