La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS detalló que la corrupción y el enriquecimiento ilícito concentraron la mitad del monto investigado por blanqueo de dinero.
El escándalo generado por el pago de sobornos de la brasileña Odebrecht a funcionarios de al menos tres gobiernos en Perú pone en agenda el avance del lavado de activos en nuestro país, que busca incorporar a la economía recursos generados de manera ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS envió al Ministerio Público el año pasado 60 informes de potenciales casos de lavado de activos que involucran unos US$618 millones, la mitad de los cuales están relacionados con delitos contra la administración pública, es decir, corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, para el abogado penalista Ian Galarza del Estudio Muñiz, esto no representa ni el 10% del total.
“Nunca sabemos si esta es la cifra real porque realmente esta cifra parte de las operaciones reportadas por los sujetos obligados y hay todo un espectro muy amplio de sujetos obligados, desde casinos pequeños, constructoras, y bancos que sí tienen un sistema bastante eficiente de prevención”, explicó.
¿Pero cuáles fueron los principales mecanismos para el blanqueo de dinero durante el 2016? casi un 30% de los casos reportados por la UIF ante el Ministerio Público están relacionados con la compra de inmuebles con recursos ilícitos o no justificados, seguidos de la compra de instrumentos financieros, transferencias del y hacia el exterior, entre otros.
Caso concreto. Justamente al ex presidente Alejandro Toledo se le investiga por haber adquirido inmuebles con dinero que presuntamente provendría de coimas pagadas por Odebrecht por la concesión de la carretera Interoceánica Sur.
La corrupción. “Lamentablemente yo creo que la corrupción es una de las principales fuentes que desencadenan en lavado de activos, ¿de qué forma? el dinero de la corrupción es un dinero que se origina sucio, es un dinero negro y el funcionario está buscando introducirlo al sistema financiero”, lamentó.
El problema, según Galarza, no son las normas y obligaciones del sistema de prevención de lavado de activos, sino las sanciones contra las empresas que facilitan esta actividad o no las reportan.
Propuesta.“El tema ya va por la coerción, por la posibilidad de sancionar a sujetos obligados, ya no solamente con infracciones al sistema propio de prevención sino con otro tipo de acciones ya directamente contra la empresa”, propuso.
Bajo la lupa. En todo caso, de acuerdo con el reporte, la UIF mantuvo bajo la lupa el año pasado sobre todo a empresas vinculadas a la construcción, venta de vehículos, notarias, casa de cambio y cooperativas de ahorro y crédito, que son algunos de los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad.
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