El consorcio peruano-chino emitió un comunicado urgente respecto a la situación actual del desarrollo del Puerto Multipropósito de Chancay, ante la serie de desafíos regulatorios y disputas legales que enfrenta.
La empresa Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. (CSPCP) ha emitido un comunicado donde hace un llamado a las autoridades del Poder Ejecutivo para implementar un canal institucional de diálogo y resolver la controversia de manera prioritaria en torno al Megapuerto de Chancay. La empresa enfatizó la importancia de la estabilidad jurídica y la predictibilidad para fomentar la inversión y el desarrollo económico en el país.
"Invocamos a las autoridades del Poder Ejecutivo a implementar el canal institucional de diálogo para solucionar la controversia generada. Creemos que esta es la prioridad que merece el futuro de un puerto que no sólo es la inversión privada en infraestructura portuaria más grande que tiene el Perú, sino que se constituye en un contribuyente e impulsor para la activación de diversas cadenas productivas que impactan en el desarrollo económico del país", expresaron.
Cabe mencionar que esto se da luego de que la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositrán), Verónica Zambrano, desmintió el supuesto cobro del 1 % que la entidad le haría a Cosco Shipping como aporte por regulación del puerto de Chancay.
"Es completamente falso. Lo que hemos dicho es que ellos son una entidad de propiedad privada y de uso público. Pero, si tenemos competencia para supervisar a nivel de usuario. No nos pagan el 1 %, ese porcentaje se va a tesoro y ellos nos dan siempre un tope de cuanto dinero necesitamos para supervisar”, explicó.
En respuesta a estas dificultades, CSPCP ha iniciado acciones legales para defender su derecho a operar según los términos acordados inicialmente. La empresa ha evitado confrontaciones públicas y ha buscado resolver la controversia utilizando los mecanismos establecidos por tratados internacionales y el marco legal peruano.
A pesar de haber notificado al Estado peruano sobre el inicio del proceso de solución de controversias, hasta la fecha no han recibido respuesta alguna.
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