La ONU señala que esta situación en Latinoamérica está impulsada por la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y unas políticas de protección social que no funcionan bien.
Latinoamérica se encuentra atrapada entre la alta desigualdad y el bajo crecimiento económico, situación que no cambiará hasta que se implementen políticas integrales para universalizar la protección social de la población, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El reporte elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que esta desigualdad y baja productividad es impulsada por tres factores: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y unas políticas de protección social que no funcionan bien.
"Los problemas están relacionados y si seguimos reaccionando de manera parcial, si cada grupo propone políticas no integrales, es como si estuviéramos cavando y haciendo más grande el hoyo", dijo Luis Felipe López-Calva, director regional del PNUD.
Respecto a la concetración de poder, la principal autora del estudio, Marcela Meléndez, explicó que los mercados en la región son mayormente dominados por un pequeño número de empresas que limitan la competencia y elevan los precios, lo que en finalmente afecta a los sectores más pobres.
Sostiene que esas empresas operan con "tecnologías ineficientes" y además dan lugar a un círculo vicioso monopolístico, ya que buscan "rentas" de políticas públicas para "perpetuar el poder de mercado o aumentarlo".
En cuanto a la violencia, los expertos de la ONU destacaron que Latinoamérica es la región más violenta del mundo y llamaron a recopilar "más y mejores datos" para entenderla, pero concluyeron que la desigualdad la fomenta "en todas sus formas" y "afecta desproporcionadamente a los más vulnerables".
Para solucionar esta situación general, el informe plantea la implementación de sistemas universales de protección social que sean redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento.
Según indican, los mercados de trabajo en la región son altamente informales, por lo que la mayoría de trabajadores no tiene protección frente a riesgos de salud, vejez o invalidez, y aparte de eso se producen incumplimientos del marco legal por parte de empresas y empleados.
"Se trata de aplanar el terreno para todos: la llave que proponemos es la protección social, sentir una mayor seguridad económica y que el sistema político tenga ese piso mínimo", agregó Meléndez.
(Con información de la Agencia EFE).
Comparte esta noticia