Pedro Castillo
Según indica el plan de Gobierno de Castillo, si las empresas no aceptan las nuevas condiciones de negociación el Estado procederá nacionalizarlos. | Fuente: Andina

Los recientes resultados de la ONPE dan al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, el primer lugar a la segunda vuelta electoral, situación que ha generado incertidumbre en los mercados debido a ciertas medidas propuestas en su plan de gobierno.

Una de las propuestas más resaltantes es la nacionalización o estatización de empresas en caso estas no acepten las nuevas condiciones y modelo económico que se establecerían en una hipotética gestión de Castillo.

El  capítulo 3 de su plan de gobierno plantea que "frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros".

Principalmente se plantea que el Estado debe tomar el control total de los tres importantes sectores que generan riqueza inmediata, es decir los sectores mineros, gasíferos, y petroleros.

"Los principales yacimientos de la gran y mediana minería como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc., deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción. El yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas, también.", sostiene el partido Perú Libre.

¿Qué implica este proceso de nacionalización?

"De manera general una nacionalización implica que el Estado pasa a ser propietario de alguna empresa o actividad productiva. El candidato (Castillo) también hace referencia a nacionalizar los recursos, es decir, ya no se entregarán totalmente a los privados para que lo exploten, sino que van a controlar su explotación, de repente incluso a través de una empresa donde voy a tener participación como Estado", explicó el economista Marcel Ramírez.

Actualmente en la minería al entregarse en concesión el recurso a un privado se les permite que sea de libre disposición de la empresa para su explotación y exportación, "y lo único que recibe el Estado es la tributación de la empresa, es decir los impuestos, y también las regalías. Pero, esto no sería suficiente".

Esto es criticado en el plan de gobierno de Castillo, pues se indica que "las ganancias que obtienen las transnacionales y algunas grandes nacionales no se invierten en el país, sino en el extranjero". Por ello el cambio que se plantea propone invertir los capitales en el país para fortalecer la economía interna.

Pero, ¿por qué se percibe que este cambio en la economía podría traer efectos negativos?

"Siempre que se habla de nacionalizar es que la gestión de la empresa pasan a ser del Estado, la experiencia que se ha tenido es que el Estado no es un buen administrador. A veces podría, solo con el afán de que a la gente le cueste menos, subvencionar un producto como el gas, y el riesgo es que el Estado no mida el gasto, no tenga esa visión que lo que busca es ser viable y sea rentable", sostiene Ramírez.

El economista señala que la estatización podría tener un menor riesgo si el Gobierno nombra a un comité de gestores con conocimiento en administración.

Sin embargo, considera que en estos momentos de crisis económica, en los cuales los niveles de inversión ya se están viendo afectados, no es el mejor escenario para intentar estos cambios.

"Al sentir esta incertidumbre, este riesgo, sobre su actividad el inversionista podría decidir dejar sus planes de crecimiento o vender la empresa. No es un buen momento para entrar por ese lado. En estos momentos se requiere atraer más inversión, no solo local sino fundamentalmente extrajera", comentó.

Cabe mencionar que otro de los cambios que podría complicar la inversión en el país es la proporción de reparto de utilidades que plantea el partido Perú Libre, donde el 20% iría a favor de la transnacional y 80% a favor del Estado.