Tía María sí va: ¿A quiénes beneficiará y a quiénes no?

El Consejo de Minería confirmó la licencia para que la empresa Southern Copper ejecute el proyecto Tía María, tras desestimar el recurso presentado por el Gobierno Regional de Arequipa. 

El gobernador regional, Elmer Cáceres, junto a la comunidad de Islay buscaban detener la explotación de cobre, cuya inversión asciende a US$ 1,400 millones, pues afirman que esta cifra no llegaría directamente a las manos de los pobladores. 

De acuerdo con el ex ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, los afectados serían 30 mil en la provincia de Islay y dos mil y tres mil más en Cocachacra.

¿Por qué siguen adelante con el proyecto?

En el 2018 Arequipa recibió S/199 millones por canon, lo cual se duplicaría con el aporte que Tía María entregaría cada año, es decir, S/270 millones según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

“Solamente para la región de Arequipa S/600 millones en pago de impuestos, US$1,400 millones en inversión y 3,600 puestos de trabajo en la fase de construcción” será el impacto directo del proyecto, explicó el ex ministro Ísmodes.Sin embargo, esos montos recién se verán cuando la mina empiece a operar.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) había planeado desarrollar un proyecto de 900 millones de soles para que la provincia de Islay cuente con agua y saneamiento. Hasta el momento la comunidad no cuenta con estos recursos.

Por su parte, Raúl Jacob, gerente financiero de Southern Perú, señaló que la empresa podría realizar inversiones sociales que beneficien a la población en los problemas de agua y saneamiento, transportes, salud, educación y agricultura.

¿Afectará al agro?

La mayor preocupación de los productores agrícolas es el impacto que puede traer el desarrollo de la actividad minera cerca al Valle del Tambo.

“Para el último estudio de impacto ambiental, por ejemplo, la empresa propuso desalinizar el agua en vez de usar el recurso del río”, indicó Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, 

Según Macera, para limitar los temas de preocupación ambiental es necesario un proceso de diálogo donde haya flexibilidad tanto del Estado, como de la empresa y las comunidades.