Una iniciativa de la congresista Patricia Chirinos propone devolver la gestión del transporte a Lima y Callao, pero Martín Ojeda, de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, advierte que esto generaría caos y anarquía.
Un nuevo proyecto de ley presentado por la congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, busca eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y devolver las competencias de planificación, regulación y fiscalización del transporte urbano a las municipalidades de Lima y Callao.
La iniciativa, identificada como el proyecto de ley 11412, propone derogar la Ley N.º 30900, que creó la ATU en 2019, argumentando que esta entidad no ha logrado resolver los problemas estructurales del transporte, como la informalidad, la saturación vehicular y la falta de integración tarifaria.
El proyecto establece la creación de una Comisión Técnica de Transferencia, con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las municipalidades de Lima y Callao, y la Contraloría General de la República. Esta comisión tendría 90 días hábiles para ejecutar la extinción de la ATU y reasignar funciones, personal y recursos.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas estaría facultado para autorizar transferencias presupuestarias, y el Poder Ejecutivo debería aprobar un reglamento en 60 días para implementar la ley.
Críticas desde el transporte formal
En Ampliación de Noticias de RPP, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, calificó la iniciativa como “populista” y advirtió sobre sus graves consecuencias.
Según Ojeda, el proyecto ignora la historia del transporte en Lima y Callao, que antes de la creación de la ATU vivió un “caos” por la falta de gestión coordinada entre ambas municipalidades.
“En los años del siglo pasado, los 90, hasta el 2018, vivimos un caos por la falta de gestión común entre dos grandes municipalidades donde había continuidad urbana”, afirmó.
Ojeda destacó que la ATU fue creada tras un estudio de una corporación británica entre 2012-2014 y fue concebida para unificar la gestión del transporte en Lima y Callao, que sufrían un retraso de “80 años” según especialistas.
Sin embargo, señaló que la institución ha enfrentado limitaciones por injerencias políticas y cambios en su reglamento, como la falta de independencia al no estar adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Eleminar la ATU generaría "caos"
Ojeda advirtió que eliminar la ATU significaría “volver a foja cero” y generaría “caos". Sostuvo que esta medida beneficiaría a los transportistas informales y a colectivos y taxis ilegales, que en muchos casos se encuentran bajo el control de bandas organizadas que les cobran cupos.
También criticó la falta de estabilidad para los transportistas formales, quienes han invertido en la renovación de flotas y rutas bajo el marco regulador de la ATU.
“El transportista formal lo que quiere es estabilidad, estabilidad económica, estabilidad política. Y esta situación, simplemente populista, genera una incertidumbre que va a afectar el tema económico”, afirmó.
Ojeda destacó que los gremios formales del transporte respaldan la continuidad de la ATU, aunque reconocen que necesita mejoras. En ese sentido, indicó que “en vez de extinguir una institución que se tiene que empoderar, se debería adscribir en la PCM”.
El especialista insistió en que desmantelar la institución no resolverá los problemas del transporte en Lima y Callao, sino que agravará la anarquía en el sector.
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