Los abogados penalistas Humberto Abanto y Miguel Pérez Arroyo señalaron que la investigación deberá determinar si la muerte de Eduardo Ruiz fue producto de un acto doloso o negligente, y advirtieron que la responsabilidad podría alcanzar a los altos mandos policiales que autorizaron el operativo.
El trágico saldo de las protestas contra el Gobierno y el Congreso del pasado 15 de octubre fue la muerte del joven Eduardo Ruiz, de 32 años. Luego de ello, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que el suboficial Luis Magallanes fue quien realizó el mortal disparo, aunque esta versión fue posteriormente desestimada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.
A la luz de los hechos, los abogados penalistas Humberto Abanto y Miguel Pérez Arroyo analizan las posibles responsabilidades que se desprenderían de este trágico incidente.
Abanto explicó que el caso aún se encuentra en una etapa de investigación, donde se determinará si la muerte de Ruiz se clasifica como homicidio doloso (con conocimiento y voluntad), preterintencional (se pretendía cometer un delito menos grave) o un acto negligente.
"Hay una serie de temas que tienen que ser dilucidados en el marco de la investigación para poder precisar con claridad la imputación al suboficial Magallanes", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
La responsabilidad podría extenderse a los altos mandos policiales, si se prueba que la actuación del sindicado autor del disparo fue parte de un plan operativo mal concebido. En este sentido, Abanto instó a las autoridades a aclarar quién dio la orden para poner a Magallanes en esa situación, y señaló que "colocar agentes de la Dirincri con arma de fuego en medio de una manifestación violenta es un acto que requiere una explicación seria".
"Él estaba ahí por orden de alguien y ese alguien tiene que responder"
Por su parte, el abogado Miguel Pérez Arroyo indicó que, si se envió a personal no capacitado a una situación de riesgo, podrían enfrentar consecuencias tanto penales como administrativas.
"Hay mucha responsabilidad por parte de los altos mandos: penal y administrativa. Este señor, que es un suboficial de tercera, que no era del del órgano de inteligencia de la Policía, sino que era más bien de una unidad especializada, es una persona que, además, tenía un año de preparación luego de salido de la academia, con lo cual obviamente no tiene una preparación en específico para hacer inteligencia policial. Por tanto, él estaba ahí por orden de alguien, y ese alguien es el que tiene que responder", aseveró.
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