Bolivia cancela decreto que eximía a militares de responsabilidad penal por acciones en protestas

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dejó sin efecto este jueves un decreto que autorizaba a militares a participar en la preservación del orden público y los eximía de responsabilidad penal, puesto en vigor durante los días de conflicto en el país que dejaron 33 muertos.

"Hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la compresión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación" de Bolivia, dijo Áñez, en un acto transmitido por los medios.

La norma estuvo en vigor desde el 13 de noviembre hasta este jueves.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, había calificado de "grave" el decreto, por desconocer los estándares internacionales de derechos humanos, y por estimular la represión violenta, según sus propios términos.

La norma sostenía que los militares destinados al control público estaban "exentos de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales" actuaran "en legítima defensa o en estado de necesidad".

Tras la anulación del decreto, Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas, "a nombre de la democracia, por su decidida y oportuna participación que evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación".

El gobierno provisorio activó ese mecanismo para aplacar las protestas sociales tras la renuncia y posterior exilio a México del expresidente Evo Morales, después que militares y policiales le sugirieran dimitir el pasado 10 de noviembre en medio de denuncias de fraude en las elecciones de octubre en las que había revalidado un cuarto mandato.

Esos comicios fueron anulados luego de que una auditoría de la OEA hallara "irregularidades" en el proceso.

Áñez, que en su intervención de este jueves no se refirió a los 33 muertos y centenares de heridos, destacó que el país "enfrentó acciones violentas" nunca antes vistas.

Mencionó que en la localidad de Senkata, El Alto, los manifestantes pusieron "en riesgo no solamente una planta estratégica de combustible sino la vida de más de 250,000 alteños".

"La tragedia habría alcanzado dimensiones devastadoras", señaló, sobre el día en que murieron 9 civiles en los violentos enfrentamientos repelidos por las fuerzas.

Vuelta la calma en el país luego de negociaciones entre el gobierno y los movimientos sociales, entre estos sindicatos de campesinos y mineros leales a Morales, "ha llegado el momento histórico de la reconciliación", señaló Áñez.

El gobierno provisional debe llamar a elecciones generales en un plazo breve que fijará el nuevo Tribunal Supremo Electoral que está siendo estructurado en el Congreso bicameral. (AFP)