Abren juicio político contra Dilma Rousseff por irregularidades fiscales

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó este miércoles la apertura de un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por irregularidades fiscales ocurridas en 2015.

Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y en la que dijo lamentar dar inicio a un proceso que será responsabilidad de la Cámara de Diputados.

"No hago esto por motivación política y la rechazaría (la acusación) si no estuviese de acuerdo con la ley", afirmó el presidente de la Cámara baja, un dirigente del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pero que desde hace varios meses viene apoyando causas opositoras.

El presidente de los Diputados dijo que hasta ahora había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con la ley o referirse a hechos ocurridos en el primer cuatrienio de Rousseff, que asumió su segundo mandato de cuatro años en enero pasado.

"Rechacé todas las peticiones que se referían a hechos ocurridos en el mandato anterior para respetar la Constitución pero tengo que aceptar esta solicitud porque su argumentación es correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de responsabilidad ocurridos este año", aseguró.

La Constitución brasileña prevé la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados "delitos de responsabilidad", lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.

La petición aceptada por Cunha argumenta que Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al avalar una serie de maniobras irregulares que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.

Según el reglamento del Congreso, una vez acogida la acusación, la Cámara tiene un plazo de diez sesiones legislativas para notificar al jefe de Estado de la acusación y para crear una Comisión Especial de diputados que tendrá que emitir un parecer sobre si acepta o rechaza el inicio del proceso. EFE