De esta forma, el país galo insiste en rechazar la petición aprobada por el Parlamento Europeo para que París detenga las expulsiones de ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana.
Francia invocó hoy el respeto a la legislación europea para mantener su política de expulsión de gitanos y argumentó que la petición de la Eurocámara para que suspenda esa medida contradice las leyes comunitarias.
Así lo aseguró desde Bucarest el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, quien insistió hoy en que la exigencia del Parlamento Europeo a París resta seriedad a esa cámara.
"No es concebible no aplicar las leyes comunitaria y francesa en territorio francés", indicó por su parte el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, tras un encuentro con las autoridades rumanas para tratar este asunto.
De esta forma, los dos responsables galos insistían en rechazar la petición aprobada hoy por el Parlamento Europeo para que París detenga las expulsiones de ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana.
El ministro francés explicó que su Gobierno no está aplicando criterios étnicos en su política de repatriaciones y aseguró que todas las expulsiones son tratadas caso por caso.
"Lo único colectivo son los vuelos", declaró en rueda de prensa en la capital rumana, y explicó que rumanos y búlgaros son sólo un tercio de los cerca de 30.000 inmigrantes, comunitarios y no comunitarios, que Francia expulsa cada año por incumplir la ley.
En ese sentido, recalcó que las personas expulsadas se encontraban en situación ilegal en el país galo al estar ocupando espacios públicos, en relación a los campamentos en Francia en los que estaban instalados los repatriados.
Besson explicó que cada deportación es voluntaria y está decidida y supervisada por un tribunal. La "deportación voluntaria", contó el secretario de Estado, comporta que los repatriados reciban una ayuda económica y tiene como alternativa la "deportación forzada" sin más.
Lellouche recordó también que ningún Gobierno de los 27 miembros de la UE ha criticado a Francia porque la ley que permite las repatriaciones es la misma en todos los países.
Tras la reunión de hoy, Lellouche y su colega rumano, Valentin Mocanu, anunciaron que los dos países van a pedir a la Comisión Europea que aporte más fondos para la "inclusión social" de los gitanos en sus países de origen.
La educación de los niños y jóvenes y la formación profesional son los dos pilares en los que se asienta el proyecto, que debe estar totalmente operativo a final de año.
Ambos responsables propusieron que esa estrategia de inserción sea llevada a cabo en colaboración con ONGs de apoyo a la minoría gitana y con las administraciones locales.
"No es una solución seguir haciendo ping-pong con estas personas", dijo Mocanu.
EFE
Así lo aseguró desde Bucarest el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, quien insistió hoy en que la exigencia del Parlamento Europeo a París resta seriedad a esa cámara.
"No es concebible no aplicar las leyes comunitaria y francesa en territorio francés", indicó por su parte el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, tras un encuentro con las autoridades rumanas para tratar este asunto.
De esta forma, los dos responsables galos insistían en rechazar la petición aprobada hoy por el Parlamento Europeo para que París detenga las expulsiones de ciudadanos rumanos y búlgaros de etnia gitana.
El ministro francés explicó que su Gobierno no está aplicando criterios étnicos en su política de repatriaciones y aseguró que todas las expulsiones son tratadas caso por caso.
"Lo único colectivo son los vuelos", declaró en rueda de prensa en la capital rumana, y explicó que rumanos y búlgaros son sólo un tercio de los cerca de 30.000 inmigrantes, comunitarios y no comunitarios, que Francia expulsa cada año por incumplir la ley.
En ese sentido, recalcó que las personas expulsadas se encontraban en situación ilegal en el país galo al estar ocupando espacios públicos, en relación a los campamentos en Francia en los que estaban instalados los repatriados.
Besson explicó que cada deportación es voluntaria y está decidida y supervisada por un tribunal. La "deportación voluntaria", contó el secretario de Estado, comporta que los repatriados reciban una ayuda económica y tiene como alternativa la "deportación forzada" sin más.
Lellouche recordó también que ningún Gobierno de los 27 miembros de la UE ha criticado a Francia porque la ley que permite las repatriaciones es la misma en todos los países.
Tras la reunión de hoy, Lellouche y su colega rumano, Valentin Mocanu, anunciaron que los dos países van a pedir a la Comisión Europea que aporte más fondos para la "inclusión social" de los gitanos en sus países de origen.
La educación de los niños y jóvenes y la formación profesional son los dos pilares en los que se asienta el proyecto, que debe estar totalmente operativo a final de año.
Ambos responsables propusieron que esa estrategia de inserción sea llevada a cabo en colaboración con ONGs de apoyo a la minoría gitana y con las administraciones locales.
"No es una solución seguir haciendo ping-pong con estas personas", dijo Mocanu.
EFE
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