El cadáver de Marcelo Albornoz fue encontrado en su domicilio, 90 kilómetros al sur de Rancagua. | Fuente: Poder Judicial de Chile

Un magistrado de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que era investigado junto a otros dos colegas por presunto tráfico de influencias y faltas a la probidad, se suicidó en su casa, informaron fuentes judiciales.

El cadáver del magistrado Marcelo Albornoz fue encontrado en su domicilio, 90 kilómetros al sur de Rancagua, y aunque en primera instancia se indicó que las causas del deceso son materia de investigación, posteriormente se confirmó el suicidio.

El magistrado se quitó la vida con un arma de fuego, dijo el portavoz de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. "Se verificó la circunstancia que con un arma de fuego se suicidó", precisó.

"Todos los integrantes del Poder Judicial lamentan el fallecimiento de uno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que se ha producido con motivo de un suicidio. El momento de la muerte no es el mejor momento para hacer especulaciones sobre otras relaciones o conexiones que uno pudiera efectuar", añadió.

Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que manifestó sus condolencias a su familia y al Poder Judicial, señaló que espera "que situaciones como esta no se repitan y ello pasa por recuperar, en el Poder Judicial y en todas las instituciones del país, una conducta ética, proba, intachable en el desempeño de las funciones".

Este martes, la Corte Suprema determinó sancionar a Albornoz y a los jueces Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez con cuatro meses de suspensión y la apertura de un cuaderno de remoción, lo que puede significar la expulsión de los involucrados desde el Poder Judicial.

Lo anterior, tras una indagatoria administrativa que realizó por varios meses la jueza de la Corte Suprema Rosa María Maggi.

De los tres, Marcelo Albornoz era quien afrontaba el cargo menos grave, de haber solicitado a un imputado una suma de dinero.

Emilio Elgueta, en tanto, afronta cargos por haber intervenido en la tramitación y fallo de un recurso de protección, haberse comunicado con abogados respecto de la tramitación de procesos, solicitado al fiscal la designación de personas en la institución, haber exigido la designación de una exalumna en un tribunal y haber requerido y aceptado una suma de dinero. (EFE)


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