Según la demanda, la declaración de emergencia contradice una cláusula que establece los procedimientos legislativos y otra que designa al Congreso como último árbitro de los fondos públicos.
La declaración de emergencia nacional para financiar la construcción de un muro en la frontera con México, medida tomada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ocasionado que 16 estados del territorio demandaran al gobierno.
La demanda, interpuesta ante una corte federal de California, señala que la orden del mandatario contradice una cláusula que establece los procedimientos legislativos y otra que designa al Congreso como último árbitro de los fondos públicos.
Asimismo, afirma que el Departamento de Seguridad Interior quebró la ley de protección ambiental al no evaluar el impacto del muro en California y Nuevo México. Según el diario The Washington Post, también solicita la suspensión sumaria de la declaración de emergencia mientras se sustancia la batalla legal.
El pasado 15 de febrero, Trump declaró la emergencia nacional con el fin de pasar al Congreso su promesa. "Todo el mundo sabe que los muros funcionan", aseguró en ese momento el presidente, evocando una "invasión" de inmigrantes indocumentados, así como el ingreso constante drogas y delincuentes.
Precisar que la querella había sido previamente anunciada por el fiscal general de California, Xavier Becerra, quien afirmó que su estado y otros tenían bases legales para presentarla porque podían perder dinero destinado a proyectos militares, asistencia en caso de desastres y demás propósitos.
Además de California, los estados demandantes son Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Virginia.
En el Congreso, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, había anunciado el viernes la apertura "inmediata" de una investigación parlamentaria. A ello se suma las críticas de senadores republicanos, alegando que establecía un peligroso precedente y que suponía una extralimitación de los poderes del ejecutivo.
AFP
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