Por orden del Tribunal Superior, la salida del Reino Unido de la Unión Europea ya no dependerá solo de la voluntad del gobierno de Theresa May, sino también del Congreso.
El Tribunal Superior británico dictó que el Gobierno del Reino Unido deberá recibir la autorización del Parlamento del Reino Unido para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el cual que da inicio al periodo de dos años de negociaciones para el 'Brexit': la salida del país de la Unión Europea (UE).
En un veredicto histórico, los jueces dieron la razón a un grupo de ciudadanos que cuestionaron que el Ejecutivo, encabezado por la conservadora Theresa May, pueda iniciar el proceso de desconexión de la UE sin convocar previamente una votación parlamentaria. Se prevé que el Gobierno recurra este dictamen desfavorable ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, que se espera que pronuncie su fallo con la máxima urgencia, seguramente antes de finales de año.
Las dos versiones. Los representantes del Gobierno argumentaron durante el juicio, celebrado entre el 13 y el 18 de octubre, que el referéndum del 23 de junio, en el que los británicos apoyaron la salida de la UE por un 51,9 %, daba a la primera ministra legitimidad para ejecutar la voluntad del pueblo sin consultar con el Parlamento. También indicaron que "probablemente" podría haber una votación parlamentaria al final del proceso negociador, para ratificar el nuevo acuerdo alcanzado con la Comisión Europea. La otra parte dijo que la salida de la Unión Europea significaría la supresión de algunos de sus derechos y que tal decisión no podía avanzar sin permiso del Parlamento.
May anunció durante el reciente congreso anual del Partido Conservador su intención de activar el Artículo 50 antes de finales de marzo de 2017, un plan que ahora dependerá de la decisión de los tribunales. La ambigüedad del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece que un Estado puede dejar la UE "de acuerdo a sus propios requerimientos constitucionales", ha llevado a un desacuerdo entre los expertos legales en un país que no cuenta con una constitución escrita. EFE
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